Desde hace décadas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se había caracterizado por ser un órgano jurisdiccional con independencia y con un gran sentido de responsabilidad al emitir sus sentencias dentro del ámbito administrativo.
A diferencia de Tribunales en otras materias, durante muchos años el TFJA puso en alto el sistema de impartición de justicia en nuestro país, pues a pesar de ser un Tribunal de legalidad -con facultades para aplicar control difuso-, sus fallos permitían a los contribuyentes obtener justicia de manera pronta, expedita y completa, tal y como lo marca el artículo 17 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, con la llegada del muy llamado “cambio”, el Tribunal ha visto trastocada su independencia no solo en el dictado de sus sentencias, sino al interior de dicho órgano; la imposición y las negociaciones para designar a los Magistrados de diversas Salas Regionales del país (incluso en la Sala Superior) sin atender a una verdadera carrera judicial (como lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ha transformado los fundamentos que lo caracterizaron para dar paso a una justicia conveniente, tibia y llena de irregularidades en detrimento de los contribuyentes.
Hoy en día observamos errores reiterados que afectan los derechos de los particulares dentro del desarrollo del juicio de nulidad; el hecho de no admitir como prueba el expediente administrativo ofrecida por la actora cuando se impugna la resolución recaída a un recurso de revocación que a su vez provenía de una solicitud de devolución (como lo llega a hacer la Sala Regional de Jalapa), el hecho de solicitar la garantía del interés fiscal para otorgar una suspensión a pesar de que el crédito fiscal fue dejado sin efectos en el recurso de revocación (Sala Especializada en Comercio Exterior en Monterrey), el resolver la litis apoyándose en razonamientos no expuestos por la autoridad en la resolución impugnada para declarar infundado el argumento el actor (Tercera Sala del Noreste), el hecho de dictar sentencias sin revisar todas las pruebas que provienen en el expediente administrativo, permitir a los peritos terceros señalar que no tuvieron toda la información necesaria al rendir su dictamen (a pesar de estar ahí), no reconocer el derecho subjetivo que tienen los gobernados a la devolución de sus impuestos a pesar de que todos los puntos argumentados por la autoridad fueron desvirtuados, entre muchos otros, muestran la crisis en la que se encuentra el TFJA.
Ello sin mencionar que actualmente hay Salas que tardan de 3 a 5 meses para emitir un acuerdo admisorio, lo cual es inaudito; y peor es el caso de cuanto de cuanto puede tardarse el dictado de una sentencia, a pesar de que los acuerdos son notificados a través de boletín electrónico, y por algunas razones -no previstas en acuerdos- algunos secretarios y Magistrados no dan acceso a los expedientes y mucho menos citas a comentar los asuntos que tienen a su cargo.
Por ello nos preguntamos ¿No es momento para que el TFJA recobre su legitimidad en medio de estos momentos de incertidumbre donde la justicia se ve trastocada por una verdadera división de poderes y una crisis en la impartición de justicia en México?
Sin lugar a dudas, se crea una verdadera oportunidad de recuperar la grandeza de este Tribunal por lo que ha representado desde sus inicios, un órgano lleno de autonomía y reconocida por su capacidad técnica al emitir sus resoluciones.
El autor es socio fundador de SOCIIS Abogados con especialidad en amparo. fernando@sociis.mx