El próximo año, sin duda, vendrá con importantes retos en materia hacendaria para el Gobierno Federal, toda vez que ya se han agotado los márgenes de maniobra para obtener ingresos adicionales a los contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, como son los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP), así como el dinero disponible en los Fideicomisos sin estructura orgánica, lo que agota las posibles fuentes de ingresos extraordinarios para el siguiente año.
Adicionalmente, el impacto de la pandemia en la actividad económica nacional, ha ocasionado la desaparición de negocios y de empleos, que ya no van a poder ser recuperados, al menos en el corto plazo, y que inevitablemente repercutirán en los niveles de recaudación de ingresos tributarios para 2022, situación que debe ser contemplada en el paquete económico para el siguiente año, que debe ser presentado al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de Septiembre de este año.
Si bien no se cuenta con información oficial sobre el número de contribuyentes que presentaron su declaración anual 2020 con números rojos, ni el monto de las pérdidas fiscales declaradas, es plausible suponer que con la caída de la economía, del 8.5 por ciento real el año pasado, un buen número de empresas han de haber cerrado el año con pérdidas fiscales, lo que debe impactar en el entero de pagos provisionales del ISR para este año, ya que estas pérdidas pueden ser acreditadas contra el ISR en pagos provisionales.
Afortunadamente, la evolución de la recaudación del IVA ha dado muestras de un ligero dinamismo, ya que el consumo, a nivel nacional, ha estado evolucionando favorablemente gracias a los apoyos económicos otorgados por la presente administración, al repunte en las divisas que mandan nuestros trabajadores en los Estados Unidos, así como al gasto originado por las campañas electorales recientemente concluidas.
De tal suerte, la apuesta para 2022, es buscar una reforma tributaria que descanse más en cerrar oportunidades de elusión, en facilitar el cumplimiento de obligaciones al contribuyente, y en general, de hacer más eficiente la administración tributaria, y más efectiva la labor de fiscalización.
Si bien está claro que aún se tienen ciertos privilegios fiscales que quizás en el pasado fueron necesarios o convenientes por razones políticas, como es el tratamiento especial a Sindicatos y a Partidos Políticos, que aún gozan de un tratamiento fiscal preferencial, el entorno actual podría ser una buena oportunidad para analizar la conveniencia de revisar estos regímenes fiscales y buscar cerrar algunas ventanas de elusión fiscal.
Por otro lado, sería conveniente revisar la pertinencia de regresar a la aplicación de regímenes especiales de tributación, los cuales, si bien no son del todo “equitativos” ya que pueden gravar a contribuyentes que no generan utilidades, tienen la virtud de proporcionar una base mínima de recaudación y de ser totalmente autoaplicables por el contribuyente, la cual es una virtud muy apreciada, y que además, proporciona una mayor seguridad jurídica y menores gastos administrativos.
Ciertamente que el ofrecimiento del Ejecutivo Federal, de no proponer nuevos impuestos, ni de aumentar los ya existentes, limita el marco de acción para buscar incrementar los ingresos tributarios, y pone en tela de duda el poder aprovechar los recientes acuerdos a nivel internacional, para buscar un impuesto mínimo aplicado a nivel mundial.
Por otro lado, el combate a la corrupción debe jugar un papel central para aumentar la recaudación tributaria en el País, ya que bajo el argumento de que el Gobierno se roba el dinero, un buen número de contribuyentes encuentran una buena excusa para no contribuir con su justa parte en el pago de impuestos, excusa que ya no se tendría para justificar la evasión o la elusión fiscal, tendiente a un menor pago de impuestos.
Finalmente, la astringencia financiera impone condiciones de austeridad en materia de gasto público, y la máxima económica de hacer más con menos, está hoy plenamente vigente.
