Que la #ConsultaPopularMx es un mecanismo débil de participación ciudadana, lo sabe todo el mundo. No está muerta gracias a la sociedad organizada, pero desfallece cada vez que una persona o grupo revisa la ley a ver si es posible activarla. Se tiene registro de cuántas veces se ha intentado proponer una consulta, lo que no se sabe es cuántas veces se ha dejado de intentar.
En agosto de 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón, se reforma la Constitución y nace conceptualmente este instrumento de democracia directa, hasta 2014 entra el vigor la Ley Federal de Consulta Popular. Después de más de un año de discusiones, idas y venidas entre las cámaras de diputados y senadores y el cambio presidencial, sale a la luz un mecanismo de participación ciudadana con más parches que una llanta vieja.
Un grupo importante de legisladores de todos los partidos políticos impulsaban herramientas por la gobernanza que acercara a los representantes con la ciudadanía. El Pacto por México firmado al inicio del periodo del presidente Peña Nieto (diciembre 2, 2012) resaltaba cinco acuerdos: 1) gobernanza democrática; 2) transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; 3) derechos y libertades; 4) seguridad y justicia; 5) crecimiento económico, empleo y competitividad. Los primeros tres en estrecha relación con los mecanismos de democracia directa, el resto como efecto esperado del uso de estos.
Fue un acuerdo entre los principales partidos políticos a nivel federal y estatal el modificar las instituciones políticas y económicas con el fin de fortalecer al país, su democracia y los derechos de la ciudadanía. Las votaciones por la Consulta Popular en ambas cámaras fueron altas, hubiera sido un instrumento ciudadano poderoso, si no hubiera sido por los varios ajustes que fueron concediéndose a fin de sacar otras reformas.
Es decir, dejaron que saliera una Consulta Popular a cambio de una reforma energética, pero maniataron el potencial del mecanismo para que no pudiera impedir la privatización de PEMEX, por ejemplo. Estos dimes diretes beneficiaron al instrumento en lo que se definió como trascendencia nacional, pero dieron al traste con el tipo de temas prohibidos cuya redacción es tan genérica que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) puede igual determinar que cualquier cosa es legal o no.
No sólo eso, para cuando la SCJ “dictamina la constitucionalidad” de la pregunta ya se juntaron más de 2 millones de firmas en apoyo a la consulta. ¿Quién tiene el tiempo y el dinero para juntar esa cantidad de firmas y quedar a expensas de la voluntad política de quienes estén en la SCJ? Sólo los partidos políticos lo han logrado.
A la ciudadanía de Nuevo León no le fue mejor, aun así, la gente ha intentado activar en más de 16 ocasiones una consulta. Gracias a este empuje ciudadano la Consulta Popular no es letra muerta, a pesar del raquitismo político de sus orígenes.
