Si bien una necesidad básica y fundamental que tenemos todas las personas es la seguridad, ya que sin ella no sería posible que echáramos raíces y permaneciéramos en una ciudad o País, ya que nuestra vida y nuestro patrimonio estarían en peligro, también tenemos otras necesidades que deben ser atendidas por el Estado, como la impartición de justicia, para garantizar que la interacción social y económica entre los individuos, pueda desarrollarse de manera ordenada y apegada al Estado de Derecho.
Nadie, en su sano juicio, desea vivir en un lugar donde el crimen organizado delinque impunemente, donde en los tribunales las sentencias favorecen al influyente o al mejor postor, y el Estado es incapaz de garantizarle a los ciudadanos sus más elementales Derechos y garantías.
Obviamente, en una sociedad como la descrita, difícilmente habría personas deseosas de invertir y de generar empleos productivos, que apoyaran el crecimiento económico de la ciudad, y del País.
Si bien la seguridad personal y patrimonial es la número uno, ya que sin ella no habría inversión privada, y el ciudadano votaría con los pies, emigrando a otro lugar o País, el estado de derecho y la impartición imparcial de justicia, son también muy importantes, aunque en ocasiones se piensa que pueden ser transgredidos o violentados, esporádicamente, sin consecuencias de importancia.
Sin embargo, cuando las autoridades empiezan a no respetar el estado de derecho, como es el caso de la Cervecería Constelation Brands, que a pesar de haber obtenido todos los permisos correspondientes, se ordena detener su construcción, se modifican Leyes para cancelar permisos y negocios de manera anticipada, no se respetan contratos, y hasta se utilizan argucias legales para no indemnizar afectados, como es el caso de los dueños de los terrenos tomados por el Gobierno Federal para el aeropuerto Felipe Ángeles, la afectación en la confianza de los inversionistas es incuestionable.
Los generadores de energía eléctrica que invirtieron bajo las Leyes y las reglas vigentes en su momento, que les permitían colocar su energía producida con preferencia, si su costo de generación era inferior al de la CFE, ahora ya no podrán venderla, si la CFE cubre la demanda, porque las nuevas reglas le dan preferencia, a pesar de su mayor costo.
A los que invirtieron en estaciones de expendio de gasolinas, en almacenamiento y en equipo de transporte de combustibles, ahora con las nuevas reglas, ya no podrán importarlos, dejando en la incertidumbre el futuro de esos negocios.
Si bien en los casos antes mencionados las afectaciones pueden conducir a un cese inmediato de operaciones, en general, los negocios en marcha no son fáciles de cerrar, al menos de manera inmediata, y pueden seguir operando aún en entornos inciertos y adversos, e incluso perdiendo dinero, si al menos se cubren los costos variables y algo de los fijos, pero las ampliaciones y las nuevas inversiones, son las que más fácilmente pueden detenerse de manera inmediata, afectando el crecimiento de la economía y la generación de nuevos empleos.
Afectar la certidumbre en las reglas del juego, deteriora la confianza, y es veneno para la economía del País.
Y ahora, si hasta la Constitución puede ser burlada utilizando artículos transitorios de Leyes secundarias, como la pretendida ampliación del mandato del Titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se anticipa el calificativo de “Corruptos” a quienes pretendan oponerse a esta aberración legal, el daño en la confianza puede tomar dimensiones insospechadas.
De hecho, de aprobarse tal medida, abriría la puerta para modificar incluso el plazo de seis años que determina la Constitución para el mandato del Presidente de la República, y de manera TRANSITORIA, podría igualmente ampliarse, por los años que se quiera, y quizás, por las veces que se quiera.
Un buen argumento, por ejemplo, sería la pandemia, ya que se podría argumentar que el proyecto de la 4T era de mínimo 6 años, y que por causa de la Pandemia, se perdieron al menos dos, y entonces sí aplicaría aquello de que la pandemia les cayó “como anillo al dedo”.
Es importante que el Gobierno Federal entienda que los empleos y la recaudación los genera el sector privado, y que afectando la confianza de los inversionistas, será más difícil sostener los programas sociales de gasto, y que si tienen evidencia de corrupción, de conductas ilícitas, de violaciones a la Leyes, y en general, de delitos punibles, por parte del sector privado, que proceda legalmente contra ellos, pero de manera particular, y no generalizada, pues pagan justos por pecadores.
Se debe privilegiar la Concertación y la Conciliación, y no la Confrontación, para crecer, para generar empleos y para sacar adelante la economía del País, se ocupa inversión, y si el 80 por ciento o más, la realiza el sector privado, lo sensato y recomendable es facilitarla, fomentarla e incentivarla.
Es hora de sumar y de fortalecer el Estado de Derecho.