La delicada estabilidad del sistema financiero, y el bienestar de millones de mexicanos, depende respectivamente de su capacidad de poder planear millones de decisiones de ahorro e inversión, y de garantizar el sustento diario a partir de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos; detrás de estas decisiones una variable juega un papel fundamental para coordinar billones de pequeñas decisiones que tomamos a diario: la inflación.
La gran nota en materia económica continúa siendo el aceleramiento en la inflación general observada en el país, y su posicionamiento muy por encima de los objetivos de Banco de México de una inflación anual de 3.0 por ciento. De acuerdo con el INEGI, durante el mes de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación positiva de 0.83 por ciento y la inflación anual se ubicó en 4.67 por ciento, su cifra más alta en 27 meses, y el mayor incremento en un mes equivalente en 10 años. La trayectoria divergente de la inflación observada respecto a su meta no ha mejorado en los años recientes pues desde enero de 2017 la inflación general ha superado el 4.0 por ciento (límite superior del intervalo de variabilidad respecto al objetivo deseable de 3 por ciento del Banco de México) durante casi dos terceras partes del tiempo.
De igual forma, cuando se consideran los indicadores de inflación diferenciando su componente subyacente (esto es, excluyendo en el índice los precios de productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno) los indicadores del INEGI indican que considerando por estos conceptos, en marzo de este año, el índice de precios subyacente avanzó 0.54 por ciento y su tasa anual fue de 4.12 por ciento, al tiempo que para el índice de precios no subyacente las cifras fueron 1.69 por ciento y 6.31 por ciento, respectivamente. Si concentramos nuestro análisis únicamente en la parte del componente inflacionario no subyacente, durante el mes de marzo destacó el repunte de 2.75 por ciento en las mercancías y los servicios energéticos, lo que se tradujo en un incremento acumulado de 14.55 por ciento respecto al mismo mes de 2020.
A partir de la grave crisis financiera de 2008, en Estados Unidos la FED había mantenido una política monetaria enfocada en suavizar la caída y contrarrestar la recesión observada en la actividad económica, fomentando el crecimiento nacional a través de facilitar y ampliar el crédito doméstico (Quantitative Easing). Esta política consistió en dos medidas financieras poco ortodoxas: por una parte, sanear los pasivos del sistema inyectando liquidez en el corto plazo a los intermediarios financieros, particularmente en la banca comercial y de inversión, y por otra parte, estimular la inversión y el crédito manteniendo una tasa de interés muy baja en su valor nominal, y negativa en términos reales, que hiciera atractivo el consumo y rentable la inversión local.
Siguiendo este ejemplo, y el contexto de la crisis por la pandemia de Covid-19, la Junta de Gobierno de Banxico ha mantenido su tasa de interés de política monetaria, a manera de una política monetaria facilitadora de la liquidez, después de varios recortes consecutivos en la tasa de referencia con el objetivo principal de inyectar liquidez al sistema financiero en medio de la actual crisis, dentro del margen de diferencia que la inflación observada y objetivo habían mostrado en la historia reciente.
La perspectiva de si las presiones inflacionarias observadas seguirán siendo o no coyunturales ya constituye el gran tema de debate en las futuras reuniones de la Junta de Gobierno, pues de eso dependerá el consenso y la toma de decisiones sobre el rumbo de la política monetaria del país.
La autonomía en la política monetaria y el manejo prudente de sus instrumentos son la delicada línea de flotación de nuestro país en medio de la tempestad que se vislumbra con motivo de las elecciones estatales y federales en los próximos meses de este año. Lo último que necesitan los más pobres del país, luego de poner en riesgo su capital humano en forma de salud y educación durante la actual pandemia, es destruir su ya vulnerable poder adquisitivo con el gravamen regresivo por excelencia: el impuesto inflacionario.
Como lo hemos señalado en otras entregas, la independencia y credibilidad del Banco de México es un activo muy valioso que ha costado décadas construir, y un pilar del desarrollo modero del país. Esperemos que la sana distancia prevalezca de Banco de México, y que la autonomía siga garantizando la estabilidad que había distinguido a nuestro país como uno de los líderes a nivel internacional en términos de regulación financiera y control inflacionario.