Uno de los principales pilares de la política exterior de México ha sido la cooperación internacional. Históricamente, el país ha desplegado diversos esfuerzos, para colaborar con la comunidad internacional. Incluso, en la misma Constitución está incluida la cooperación internacional para el desarrollo como un principio rector de la conducta de México en el exterior. Por lo tanto, es un compromiso ineludible impulsar esta actividad.
Un avance importante en esta materia ocurrió hace precisamente 10 años. El 6 de abril del 2011, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID). El décimo aniversario de esta legislación es momento propicio para hacer un breve balance de la cooperación internacional en México.
Es importante mencionar que la cooperación internacional es uno de los principales mecanismos para promover el desarrollo global con impacto en lo local.
Por lo tanto, es necesario que todos los países adopten esta práctica como una actividad para alcanzar metas conjuntas. Por ejemplo, el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos en el marco de la ONU en 2015, depende de una convocatoria amplia entre toda la comunidad internacional. Un país no puede aislarse y buscar que solamente otros le donen ayuda sin, por su parte, ofrecerla en correspondencia.
En estos 10 años, México ha tratado de impulsar la cooperación científica, educativa, financiera, técnica y cultural. Un avance importante, en el marco de la LCID, fue la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) cuya principal función es administrar e impulsar la política cooperativa del país.
En este contexto, el gobierno federal ha establecido mecanismos para ese propósito y ha construido esquemas que posibilitan intercambios. Por ejemplo, en el marco de la Alianza del Pacífico, el país ha destinado diversos fondos para intercambios académicos y ha instituido instrumentos para impulsar el comercial intrarregional.
En otro caso, la administración del presidente López Obrador propuso, desde el principio de su administración, el Plan Integral de Cooperación, cuyo objetivo central es invertir en los países de Centroamérica para detonar el desarrollo económico y evitar la migración. En este marco, México donó en 2019 30 millones de dólares al gobierno de El Salvador para ese fin.
A pesar de estos apoyos, la actividad presenta algunas limitaciones. El principal obstáculo ha sido el tema presupuestal. Es decir, el gobierno mexicano ha tenido algunas restricciones financieras para desplegar una política de cooperación más amplia.
En el marco de la pandemia por COVID-19, estas limitaciones han aumentado. Asimismo, es necesaria la adecuación de la Ley para que se acople a las nuevas necesidades y a la dinámica internacional actual. Por ejemplo, es necesaria una reforma para actualizar la inserción de México a los ODS. Además, es importante independizar a la AMEXCID puesto que, en el marco de la LCID, la agencia depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sería conveniente hacerla un organismo autónomo para evitar consideraciones de tipo político.
La cooperación internacional no es solamente un asunto del gobierno federal. Los estados y los municipios también hacen esfuerzos cooperativos en la esfera internacional para impulsar el desarrollo de sus comunidades. En la literatura de las Relaciones Internacionales, esta actividad es denominada “Cooperación Internacional Descentralizada”. En este contexto, los actores locales pueden acceder a recursos por parte de otros gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y agencias de cooperación, para financiar programas de desarrollo local. Los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila han sido muy activos en esta materia.
Sin embargo, es necesario aumentar los esfuerzos para potenciar los posibles beneficios de esta actividad. Para ello, es ineludible una mayor coordinación con el gobierno federal, así como el establecimiento de instancias administrativas dedicadas a este asunto, la capacitación del personal involucrado, la inclusión de esta actividad en planes de desarrollo, la asignación de financiamiento y, sobre todo, aumentar su presencia en la dinámica internacional con una estrategia claramente definida.
De esta manera, las comunidades locales podrán recibir beneficios como producto de la práctica de la cooperación descentralizada y una efectiva inserción en esta dinámica global que no debe dejarse solamente en manos de la federación.
El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.