Las instituciones del mercado laboral comprenden aquellas leyes, reglamentos y prácticas comunes aplicables en la realización de contratos de empleo, fijación de niveles salariales, establecimiento de jornadas y condiciones de trabajo, la observación de situaciones de: despido, pertenencia a sindicatos, acceso a estímulos y esquemas de protección social, entre otros convencionalismos, que suelen diferir ampliamente de un país a otro, o bien, entre distintas regiones de un mismo país.
Aunque las primeras estructuras institucionales del mercado laboral surgen en el siglo XIX y se van diseminando por todo el mundo a lo largo del siglo XX, el diseño de un marco institucional óptimo en materia laboral sigue implicando un gran desafío. Se trata de conformar aquel conjunto de elementos legales y prácticas que a la vez que salvaguarde las condiciones sociales no genere distorsiones que impidan el eficiente funcionamiento de los mercados.
La investigación sobre los impactos de diversos arreglos institucionales en materia laboral es muy amplia en el caso de las economías avanzadas y también cada vez más presente para las economías emergentes, por su parte, los hallazgos podrían considerarse aún insuficientes para hablar de una base sólida que permita la construcción de un marco institucional óptimo en cada caso. Aún así, hay puntos que van tomando acuerdo, sin dejar de advertir la necesidad del diseño de trajes a la medida. A continuación, se enuncian algunos de estos puntos que han recibido mayor atención y comprobación empírica.
El establecimiento de salarios mínimos y el aumento de reglas de contratación tendientes a garantizar el acceso del trabajador y de su familia a la seguridad y los servicios sociales, se han encontrado como vías de mejora en la distribución salarial, la reducción de la pobreza y el aumento en la cohesión social, en contraparte, se ha visto atentan contra el empleo de grupos vulnerables, como son los jóvenes, los menos calificados y las mujeres.
Como sucede también en otros mercados, el laboral aumenta su eficiencia al contar con sistemas de información que permiten un más rápido y efectivo encuentro entre la oferta y la demanda, propiciando con ello el aumento de la productividad tanto del trabajador como del resto de los factores de la producción. La información completa, oportuna y de fácil acceso reduce el desequilibrado poder monopólico que en mercados poco desarrollados suele tener el empleador y contribuye a facilitar la movilidad laboral.
Los seguros de desempleo permiten al trabajador que pierde su empleo, no sólo el sostener un nivel de consumo, sino el contar con un mayor plazo para encontrar una vacante más afín a su perfil, sus conocimientos, su experiencia y conveniencia en general. Ello le lleva a contratarse de mejor forma, a alcanzar una mayor satisfacción con el trabajo, a incrementar su productividad, a tener una menor probabilidad de ser despedido y a experimentar otros efectos menos estudiados, como son una mayor estabilidad familiar y la reducción en manifestaciones de violencia y/o criminalidad.
La mayor disponibilidad de información sobre el mercado laboral para empleador y trabajador y la existencia de seguros de desempleo sobre una proporción importante de los trabajadores, coadyuvan y al mismo tiempo se ven fortalecidos, cuando el mercado cuenta con opciones variadas, actualizadas, expeditas y de fácil acceso a cursos de capacitación en habilidades generales para el trabajo y en habilidades específicas en empleos y oficios de alta frecuencia. Estos sistemas de capacitación y recapacitación son cada vez más necesarios y pertinentes ante la mayor dinámica del cambio tecnológico y la exigencia del trabajo a distancia.
Las instituciones del mercado laboral juegan un papel crítico en la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales del trabajador y de su familia. Su cuidado y mejora continua plantean la posibilidad de un mayor progreso y preparación tanto en épocas apacibles como de crisis, ojalá que la nueva jornada de cambio de mandos públicos a lo largo y ancho del país, venga también con una fuerte dosis de mejoras en las instituciones laborales en los tres niveles de gobierno, ello podría representar, como aquí se ha planteado, grandes oportunidades de un mejor futuro para el país y para los hogares.
El autor es economista del Tecnológico de Monterrey con Maestría en Economía y Doctorado en Ciencias Sociales de la UANL. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, miembro del SNI, nivel 2.