Monterrey

Roberto Mendoza: El futuro del insourcing en México

La reforma promovida encuentra su motivación en conceptos como la justicia social, presupuestos sociológicos e incluso factores de paz social.

Una de las preguntas más frecuentes que como asesor fiscal toca responder a potenciales inversionistas extranjeros, es “¿Qué es eso de la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades)?”, “¿Cómo se paga?” …la pregunta es hasta cierto punto válida, ya que son pocos lo países alrededor del mundo que cuentan con esta obligación y para algunos si representa una sorpresa.

En el marco de una inminente reforma al régimen de subcontratación en el país, resulta necesario dar un paso atrás, comprender el antecedente histórico de este beneficio y de igual forma aclarar la “relación imperfecta” que lleva con dicho régimen.

En México es común que los grupos estructuren sus actividades con la incorporación de dos entidades legales; una que sea dedique a la operación del negocio y la otra que ejecute los servicios relacionados a dicha operación insourcing. Esta última al ser la que cuenta con la relación laboral con los empleados será la entidad sujeta a determinar y pagar PTU a dichos empleados (generalmente detonando utilidad menor a la que se tendría en la empresa operativa). Esta estructura, al menos hasta que la reforma comentada sea publicada, es una situación completamente permitida y legal.

La PTU nace desde el constituyente de 1917, pero ante falta de reglamentación se volvió aplicable hasta 1963 con la conformación de la Comisión Nacional para la PTU, en ese entonces el porcentaje era 20% y no pudo ser modificado hasta diez años después, en 1973 cuando el porcentaje fue disminuido a un 8% y posteriormente en 1985 fue de nueva cuenta cambiado para dejar el hasta hoy vigente 10% (ratificada en otras comisiones posteriores), en todos los casos la base de la remuneración ha sido la fiscal, con sus pequeñas variaciones.

Hoy, al igual que en aquel entonces, la reforma promovida encuentra su motivación en conceptos como la justicia social, presupuestos sociológicos e incluso factores de paz social, conceptos etéreos para muchos, pero que realmente han recalado en las mesas discusión de parlamentos abiertos.

Por otro lado, bajo un enfoque financiero, la realidad indica que la PTU representa un incremento en la tasa efectiva de impuestos de cualquier negocio y también una desventaja competitiva cuando se compara con el régimen fiscal cualquier otro país que no contemple esta obligación, que al menos en LATAM, solo podemos observar figuras de remuneración “similares” en Perú, Chile, Venezuela o incluso Brasil.

Como producto de la reforma, una vez que se cristalice la desaparición del esquema de subcontratación, un sinnúmero de grupos, tendrán que reevaluar su estructura legal y analizar esquemas de reorganización o racionalización, para, por una parte, evitar caer en alguna actividad ilegal y por ende detonar el supuesto de defraudación fiscal, y al mismo tiempo replantear su plan de prestaciones los empleados que en muchos casos, ahora sí formarán parte de la nómina de la empresa operativa.

Habrá que estar atentos a las versiones finales de las modificaciones a los artículos de cada una de las seis leyes que se verían reformadas.

En lo que esto pasa toda esta vorágine, resulta curioso que mientras el mundo va acelerando a un esquema de relaciones laborales cada vez más independientes y especializadas, donde el uso del outsourcing se vuelve cada vez mas ágil y práctico, en nuestro país pareciera ser que vamos en sentido contrario. Muchos, seguro se preguntarán si más bien lo que debería desparecer no es tanto el esquema de subcontratación, sino eliminar la PTU (incentivando otro tipo de gratificaciones para los empleados) para volvernos aún más competitivos, aumentar la inversión y todo lo que ello conlleva.

El autor es Profesor del Programa Académico de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios en la Universidad de Monterrey. Es Contador Público egresado de la UDEM y Maestro en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UANL. Cuenta con amplia experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional.

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