Monterrey

Marco Pérez: Optimizando el beneficio social del gasto público

La propia Constitución impone a los ciudadanos la obligación de contribuir a sufragar los gastos de los 3 órdenes de Gobierno.

Si bien la labor del Gobierno debe centrarse en “Gobernar”, generalmente se le asignan también funciones de regulación y de promoción de la actividad económica, sin faltar por supuesto el garantizar la paz social, así como la seguridad, tanto personal, como patrimonial, de todos los habitantes.

Como para estos efectos se ocupa dinero, la propia Constitución impone a los ciudadanos la obligación de contribuir a sufragar los gastos de los 3 órdenes de Gobierno, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes.

Sin embargo, este ordenamiento es omiso en determinar el monto del gasto público que debe ser sufragado por los ciudadanos, y pareciera que la obligación no tuviera límite ni acotamiento alguno, ni tampoco determina las necesidades específicas de gasto que se debe sufragar.

Por definición, las necesidades siempre son superiores a los recursos, y todos enfrentamos una restricción presupuestal que limita nuestra capacidad de gasto, razón por la cual nos enfrentamos al problema de optimizar o maximizar la utilidad o el beneficio de nuestro gasto.

De tal suerte, como no podemos sufragar todas nuestras necesidades de gasto, debemos jerarquizarlas y priorizarlas, para alcanzar el máximo beneficio o utilidad posible, y esta regla aplica tanto al sector privado, como al sector público.

Si bien en una familia, las posibilidades de gasto son determinadas por el ingreso que se percibe, y debemos de constreñirnos a ese presupuesto, sin que podamos sufragar todos nuestras necesidades o deseos de gasto, cualquier orden de Gobierno debería de apegarse a este principio, de no gastar más de lo que se ingresa, y recurrir al endeudamiento, solo cuando se vaya a utilizar en proyectos de inversión que mejoren o amplíen la capacidad de generar ingresos.

Sin embargo, los Gobiernos se arropan o se adjudica “obligaciones” mandatorias de gasto, como el proporcionar educación gratuita, que elevan sus requerimientos de gasto, y de esta manera tienen mayores presupuestos de egresos que deben ser financiados por los contribuyentes.

Si bien la educación y la salud son objetivos prioritarios que deben ser atendidos por los Gobiernos, y que además tienen beneficios inmediatos y de largo plazo en la productividad, con el tiempo, se van ampliando las funciones y las atribuciones de gasto social que sufragan los gobiernos, pero ahora buscando fines clientelares y políticos en mayor medida.

Un claro ejemplo de esto es la pensión a adultos mayores, la cual no debería ser universal, y otorgarse solamente a quienes la necesiten, por carecer de alguna otra fuente de ingreso, y no como ahora, que se otorga de manera generalizada, necesítese o no.

Es claro que otorgar recursos públicos escasos a personas que no lo necesitan, representa una asignación ineficiente de recursos que reduce el beneficio social, ya que estos fondos podrían destinarse a satisfacer otras necesidades, o sencillamente a reducir la deuda pública que año con año se contrata para completar el insuficiente ingreso propio.

De hecho, más del 12 por ciento del gasto público federal para este año, se sufragará con más deuda pública, ya que los ingresos presupuestales son insuficientes para cubrir el gasto, y tan solo en este año, el Gobierno Federal obtendrá financiamientos por más de $700 mil millones de pesos, para sufragar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y lo peor del caso, es que siempre les falta dinero, a pesar de las innumerables reformas recaudatorias que periódicamente nos aplican, como si eventualmente pudieran alcanzar niveles de ingresos suficientemente altos, como para gastar en todo lo que quisieran, sin tener que endeudarse.

Deberíamos de ser nosotros, como sociedad, quienes determináramos los niveles y los alcances del gasto gubernamental, y la forma como debe financiarse, y no permitir que sean los gobernantes en turno, y los legisladores, quienes nos impongan los montos del gasto y la manera de sufragarlo.

Finalmente, quienes debemos evaluar el beneficio social que nos reporta el gasto público, somos nosotros, no los burócratas.


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