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Un cateo realizado la semana pasada en la Ciudad de México derivó en una denuncia penal contra policías de CDMX, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de Ciudad de México, por actos ilegales como robo, abuso de autoridad, omisión de pruebas y siembra de pruebas.
No es el primer caso de su tipo en los últimos meses en la capital. Hay hechos similares que han derivado en el despido de una docena de policías y agentes del ministerio público y su consignación ante jueces penales.
Tal es el caso Black Wallstreet Capital, donde se acreditó con videos el abuso policial y prácticas ilegales por parte de policías, como el robo de dinero en efectivo, durante un cateo realizado el 15 de marzo pasado.
Por este caso, siete policías y un agente del Ministerio Público fueron cesados. Los uniformados están presos, pero del agente no se ha informado si está detenido, prófugo o ya fue exonerado
Otro caso ocurrió el 1 de julio cuando cinco policías del sector Morelos irrumpieron ilegalmente en un domicilio donde golpearon a personas, sembraron evidencias y robaron cosas. Los agentes fueron detenidos.
La denuncia mas reciente por este tipo de casos de presunto abuso policial, refiere que el 21 de agosto pasado elementos de la SSC y FGJ de CDMX detuvieron a cinco personas y las acusaron de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada.
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En una audiencia celebrada este lunes, los detenidos acusaron ante el juez a los policías de haberlos torturado, cometido abuso de autoridad, hecho un saqueo y robo durante la acción y, sobre todo, haber sembrado pruebas y omitido otras.
Explicaron que la acción ocurrió cuando los policías capitalinos realizaron el mandamiento judicial, en el edificio marcado con el número 370, de la calle La Quemada, colonia Narvarte.
En su momento se informó que en el lugar se hallaron pruebas contra los ahora imputados, como armas y droga.
Ante el juez, y también en una denuncia penal contra los policías, los detenidos dijeron que los uniformados ocultaron y no entregaron documentos encontrados en el cateo, que acreditan la portación y posesión de las armas.
Detallaron que en la casa estaba el permiso otorgado por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento, agregaron, avala la legal portación y posesión de una pistola, marca Pietro Bereta, calibre .380 automática, con número de folio, A3674420, a nombre de Onibas Valdés Vargas, registrada el 8 de marzo de 2021.
“Otra de las pistolas localizadas fue presentada ante esa misma Secretaría castrense como una donación, pero hasta el momento no les han entregado la acreditación y la mantenía en su domicilio, dichos documentos no los presentaron los policías responsables del cateo”, dijo la defensa de los detenidos.
En cambio, sí obligaron, por medio de amenazas y tortura, a los detenidos para desbloquear sus teléfonos celulares sin contar con autorización legal, y de ahí sustraer materiales de videos que fueron manipulados para hacer creer que los detenidos pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía de Servidores Público inició por este caso la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/03110/08-2023 con base en la cual indaga a los policías por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, entre otros delitos.