Opinión

¿Y ahora qué sigue?

César Velázquez Guadarrama.
 
Coordinador de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana.

Correo:cesar.velazquez@ibero.mx

El lunes pasado el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma energética concluyendo así un periodo de reformas casi impensable tan sólo dos años atrás. La habilidad política del Presidente, de su equipo cercano y en general del PRI es innegable. También hay que felicitar al PAN y al PRD. Al primero pues no tomo venganza del PRI, partido que durante los doce años de administraciones panistas bloqueó cualquier intento de cambios profundos (habría que preguntarle al PRI por qué hace algunos años estaba en contra de la participación privada en el sector energético y ahora considera que es la salvación del país). Al segundo pues también jugó un rol central en el debate y su comportamiento institucional facilitó y promovió un ambiente adecuado para la discusión pública de los temas.

En lo personal estoy a favor de los conceptos básicos de la reforma energética, financiera y de telecomunicaciones (aunque no así en la electoral y en la fiscal) y creo que le van a hacer mucho bien a este país, pero las reformas no lo son todo. Si así fuera, Brasil ya sería primer mundo al igual que Indonesia o Nigeria, países que desde años atrás permiten la participación privada en el sector energético. México necesita también cambios profundos en su día a día. A continuación menciono tres que considero esenciales.

Un primer elemento, que se ha repetido hasta el cansancio pero que por ello no deja de ser cierto, es que el gasto público tiene que ser más eficiente. Existen innumerables programas sociales en los que claramente no hay un impacto positivo a la sociedad y siguen ahí, puentes que no llevan a ningún lado y gastos que ofenden a la sociedad como las subvenciones especiales o extraordinarias que recibieron las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, se dice que éstas recibieron 225 millones de pesos entre 2013 y 2014 sin que se sepa en qué se usaron o a dónde fueron a parar o el enorme gasto en publicidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Mayor gasto público no implica necesariamente un mejor gobierno ni mayor crecimiento económico.

Otro elemento que va de la mano de un gasto público más eficiente es el de la corrupción. México sigue siendo un país con graves problemas de corrupción. Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 ubica a México en el lugar 106 de 177 países. El problema de la corrupción no es sólo que se cometan actos ilegales sino que inhibe la inversión, y por tanto el desarrollo, y rompe el tejido social y la confianza en las instituciones. Las reformas no van a alcanzar su pleno impacto si la corrupción no disminuye de manera drástica.

Un tercer elemento es el federalismo. México tiene un sistema federalista totalmente parchado, confuso e ineficaz, en el que en los incentivos de los tres órdenes de gobierno no están alineados. El nuevo gobierno ha utilizado sus buenos oficios políticos y su poder para suavizar las innumerables tensiones que ocurrieron en el sexenio anterior entre el ejecutivo federal y los gobernadores y tomado ciertas medidas centralizadoras como atraer el pago de los maestros para así aplacar el poder de grupos de presión locales. Pero no ha habido una discusión seria de cómo queremos y debemos llevar el federalismo en México. Esto es importante pues al final del todo, los gobiernos estatales y municipales juegan un papel central en el crecimiento del país y es necesario dotarlos de un contexto institucional adecuado para su labor. Los servicios de agua potable, drenaje, desarrollo urbano y transporte urbano público son sólo algunos ejemplos de bienes y servicios otorgados principalmente por los gobiernos subnacionales vitales para el desarrollo económico y que por lo tanto no se pueden dejar de lado.

Aplaudo las reformas pero mal haríamos como país si pensamos que ya estamos del otro lado.