Opinión

Veinte meses

Ese tiempo duró la negociación de las reformas estructurales que ayer se coronaron con la promulgación de la energética. Si la negociación fue el rasgo distintivo de los primeros 20 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la ejecución debe serlo del resto del sexenio. Más que buenos modales, ahora se necesitan habilidades administrativas, eficacia operativa y aplicar la ley sin excepciones –este último quizá el mayor reto del gobierno.

Si bien ayudaron a sacar reformas adelante, los buenos modales del gobierno y de los partidos durante este primer tramo del sexenio también tuvieron costos: por ejemplo, aprobar reformas sin sentido común como la electoral o dejar de aplicar la ley por temor a generar conflictos, manifestaciones y contaminar las mesas de negociaciones. La reforma educativa corre el riesgo de naufragar ante el desafío del magisterio en entidades como Oaxaca. Alcanzar la reforma energética ha tenido costos y el gobierno puede todavía revertir algunos de ellos pero significará conflicto, mucho conflicto, particularmente en el tema educativo.

En estos 20 meses también se moderó la crítica entre partidos y gobiernos y con ello se limitó la rendición de cuentas. Aunque el PAN y el PRD –aprovechando su papel de opositores– han sido duros en su cuestionamiento del gobierno, éste ha sido casi omiso en responderle a sus críticos y el PRI en criticar a los gobiernos encabezados por sus adversarios. En muchas entidades del país ello ha significado que gobernadores del PAN o del PRD hayan navegado en medio de la impunidad y de la falta de contrapesos.

Aunque ejecutar las reformas requiere la cooperación de todos, en la realidad el gobierno se ha liberado de su papel de rehén de sus opositores y el PRI está ahora en mayor libertad de asumir su rol de crítica dura. En siete semanas inicia formalmente el proceso electoral de 2015 y con ello la descalificación del gobierno subirá de tono. Hace falta que el PRI asuma también un papel crítico frente a sus opositores para balancear el debate. Qué bueno que los dos años de buenos modales den ahora paso a nueve meses de pleitos, acusaciones y mucha estridencia.

El gran reto para el gobierno y el PRI es convencer al electorado de que los 20 meses de reformas que ayer concluyeron se traducirán en más dinero en el bolsillo de todos los mexicanos; la estrategia del PAN será culpar al gobierno del bajo crecimiento económico y de la reforma fiscal; y el eje unificador de la campaña del PRD será la presunta consulta popular para revertir la reforma energética.

La gran interrogante es si el gobierno podrá disfrutar en las urnas el reconocimiento por su papel reformista o si tendrá que esperar una generación para que la historia lo haga. Los tiempos de maduración de las reformas son más largos que los electorales: difícilmente la reforma energética mejorará el ingreso de las familias o el empleo de los jóvenes en el corto plazo. Asimismo, difícilmente bajarán las tarifas del gas y de la electricidad en los próximos meses. Si los beneficios del reformismo no bajan de los discursos a la cancha del juego, los electores pueden castigar al gobierno.

Por otra parte, hay una percepción exagerada de que las reformas transformarán la realidad como por arte de magia. Fueron tantos sexenios de discusión y de frustración por las reformas que no llegaban, que se les ha dado poderes míticos de los que carecen. Que haya un nuevo marco para la inversión privada en exploración de hidrocarburos es un magnífico aliciente para que vengan nuevos capitales, pero el mayor atractivo se llama Estado de derecho, eso es, un país donde se aplique y se cumpla la ley sin excepciones. Y México está lejos de esa realidad.

Es muy probable que fluyan decenas de miles de millones de dólares de inversión en el sector energético en la próxima década. Siendo una muy buen noticia, es insuficiente para que los beneficios del desarrollo se repartan de forma pareja. Para que ello ocurra se requieren otras reformas de mayor calado aún, que no requieren de votos del Congreso, pero sí de una enorme convicción y fuerza del gobierno.

Primero, que se cumpla la ley de forma cotidiana y sin excepciones; eso da más certeza a la inversión que reformas vistosas que luego sucumben frente a la corrupción y el soborno. Segundo, que el gobierno ejerza el presupuesto con eficacia y honestidad; la mayor renta petrolera que reciba el gobierno se puede esfumar entre las manos de burocracias, sindicatos e intermediarios. Y finalmente, que los órganos reguladores sean sólidos e independientes –uno de las grandes omisiones de las reformas neoliberales de los años 90.

Fue un gran logro del gobierno lograr la aprobación de la reforma energética; sería un logro de proporciones muy superiores aplicar la ley, combatir la corrupción y mejorar el ejercicio del gasto público. Esto último es aún más importante para el crecimiento económico que la propia reforma energética (y son reformas que no requieren de los votos del Congreso).