Opinión

Un paso más

1
    

    

Diputados

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó otra gran reforma, el Sistema Anticorrupción. Se trata de un conjunto de cambios de la mayor importancia. No sólo fue aprobada por los tres grandes partidos, sino que el opositor por antonomasia, López Obrador, la festejó en su cuenta de Twitter. Más importante aún, los grupos de la sociedad que han estado luchando por este tema advierten de la magnitud de lo logrado. Federico Reyes Heroles, iniciador de Transparencia Mexicana hace dos décadas, reconoció la labor de Ricardo Anaya, coordinador de los panistas. Enrique Cárdenas, director del Centro Espinosa Yglesias y promotor del desplegado que permitió el último empujón a la ley, hizo lo propio con Peña Nieto, en quien afirma haber encontrado todo el apoyo para la reforma.

La base del sistema es la existencia de contrapesos: fiscalía independiente, tribunal de cuentas, Auditoría Superior de la Federación. Para que funcione, se van a requerir tres elementos:

Primero, que efectivamente todos los recursos que pasan por la federación sean auditados. Hasta hoy, eso no es posible porque las participaciones son, técnicamente, recursos estatales que la federación recauda, puesto que así se acordó cuando la reforma fiscal de 1980. Este cambio exige una reforma constitucional que, a su vez, requiere de la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales, hoy controladas por los gobernadores. Necesitamos presionar permanentemente para que esta reforma constitucional ocurra. Los gobernadores intentarán evitarlo, porque con ella pierden casi todo su poder.

Segundo, se requerirá dotar de recursos en abundancia a esta nueva estructura. No se trata sólo de dinero, sino de recurso humano de alta calidad, así como de infraestructura tecnológica que efectivamente permita la auditoría en tiempo real, pero también la construcción de casos jurídicamente sólidos y su procesamiento adecuado en el nuevo tribunal. No podemos pichicatear estos recursos, si de verdad queremos ir ordenando nuestras cuentas públicas.

Tercero, necesitamos un cambio de mentalidad. Los políticos tienen que aprender que su lucha por el poder tiene un espacio limitado. Ya habíamos logrado eso, hasta que el berrinche del derrotado en 2006 nos complicó todo. La lucha por el poder no puede incluir al árbitro electoral, ni al auditor público, ni al juzgador. En lo demás, pueden hacer lo que gusten, pero si les da por descalificar al árbitro, usar la auditoría para desprestigiar, o en el extremo, desautorizar a jueces, magistrados y ministros, el sistema se derrumba y perdemos todos, todo.

No hay manera de que un sistema funcione si los participantes no están dispuestos a jugar todos con las mismas reglas. Y las reglas de la democracia liberal excluyen de la competencia a los tres contrapesos mencionados. Los consejeros electorales no son siervos de los partidos, ni lo podrán ser los auditores. Usar la tribuna del INE para el engrandecimiento personal, tradición de algunos eternos legisladores, ocurre en detrimento de la democracia.

Si los actores van a aventar el tablero cada vez que algo no les gusta, no existe forma de que el sistema funcione, y en su ausencia, es la ley del más fuerte la que aplica. Tamaulipas y Guerrero son ejemplos muy cercanos. Menos oratoria, menos indignación, y un poco más de trabajo y madurez no le hará mal a los partidos políticos. La altura que mostraron en la construcción del sistema anticorrupción pueden trasladarla a la mesa del INE. A lo mejor con otros representantes, claro.

Twitter: @macariomx

También te puede interesar:
Bolsa para la vida
Mercado interno
Cruzando cifras