Opinión

¿Qué negociar?

 
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Personal de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca. (AP)

La política concebida como el arte de la negociación entre aquellos que poseen poder y requieren a través de él encontrar la forma de obtener aquello que le es primordial como objetivo, es considerada una actividad legítima y necesaria en el marco de una democracia en donde nadie posee la totalidad del poder, ni tampoco la misma cantidad durante todo el tiempo. El buen político es aquel que sabe medir su fuerza, utilizarla en el momento adecuado, y negociar de manera efectiva con todo aquel que lo considere un interlocutor válido y serio.

Uno de los problemas presentes en la negociación política es la presencia de elementos fuera de la ley que requieren ser parte de la solución y que por lo tanto deben ser manejados adecuando la legalidad a las necesidades de la solución requerida. Este ha sido el mecanismo tradicional utilizado para resolver conflictos entre grupos de poder y los gobiernos de nuestro país en los ámbitos federal y estatal. Con el proceso de autonomía que ha vivido el Poder Judicial en los últimos años, este sistema de negociación se ha complicado pero sigue funcionando para casos que ameriten la subordinación de la ley al interés político superior.

Así es como gobernadores asaltan el erario público y quedan libres en medio de acuerdos que les permiten mantener la libertad y en ocasiones hasta el dinero obtenido de manera ilícita, o grupos de choque violan una y otra vez la ley cometiendo desmanes, ultrajando personas inocentes y destruyendo propiedad privada en forma indiscriminada, son liberados en unas cuantas horas o días, tras la intervención de sus liderazgos capaces de negociar la libertad frente a una autoridad dispuesta a ceder en el ámbito de lo legal para apaciguar a los violentos poseedores de armas eficientes para amedrentar al Estado legalmente constituido.

No es esta la justificación de actos de represión por parte de una autoridad enfrentada a la protesta social. Sin embargo, el conocimiento pleno por parte de los violentos o los corruptos de que la ley es negociable en función de la fuerza política o material que se posea, debilita a priori la capacidad disuasiva de un Estado de derecho que se sabe, no será aplicado en forma uniforme ni tampoco en función de la gravedad de los delitos cometidos. El ejemplo más reciente es la eventual liberación 'bajo fianza' de Rubén Núñez, Francisco Villalobos y Aciel Sibaja, líderes de la CNTE acusados de lavado de dinero y ahora posibles beneficiados por la miscelánea penal recientemente aprobada y que no considera como grave este delito.

Después de la exitosa emboscada llevada a cabo por la Coordinadora y sus grupos de choque en Nochixtlán, el gobierno federal se sienta a negociar de frente con la disidencia magisterial, se produce la liberación de sus líderes y se reduce al mínimo la aplicación de la ley en Oaxaca para aquellos que saquean, incendian, vejan, y hasta asesinan a periodistas y civiles en general. De nuevo la estrategia guerrillera funcionó: se desató la violencia, se produjeron muertos y se culpó a las fuerzas del Estado de haber ocasionado todo el evento en función de su naturaleza represora. El manual revolucionario llevado al pie de la letra.

Ante esta situación, el tema de la negociación vuelve a ponerse en la mesa. ¿Qué negociar, y a cambio de qué? Si la reforma educativa no está en discusión y tampoco la posibilidad de seguir financiando a este grupo disidente que vive en la raya entre la legalidad y la ilegalidad, parecería que las opciones se vuelven casi nulas. A menos que exista otra fórmula mágica que el propio gobierno vaya descubriendo en la misma mesa de negociaciones.

Twitter: @ezshabot

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