Opinión

Poder tributario = poder político

 
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Billetes mexicanos. (Arturo Monroy)

Si revisamos la carga y la estructura tributarias de México a lo largo del tiempo, en relación a los promedios de la OCDE o los países latinoamericanos, así como respecto a algunos países de ambos grupos, es claro que nuestra carga tributaria es la más baja de los 34 miembros de la OCDE, no se diga lo lejano que estamos de Dinamarca.

Incluyendo contribuciones a la seguridad social, estamos a la mitad de las de Brasil y Argentina, países que están por encima del promedio de la OCDE. Lo anterior no son metas a alcanzar, sólo ejemplos, ya que las condiciones estructurales son diferentes.

Años, quinquenios, décadas han pasado y el tema de la baja carga tributaria y por tanto el de la reforma fiscal siguen estando pendientes para muchos sectores de la sociedad. Nos caracterizan con un sistema fiscal inequitativo, lo cual ha sido mencionado por organismos internacionales.

Esa inequidad está en la percepción colectiva, esto es que las familias de mayores ingresos no tributan con progresividad, de acuerdo a sus ingresos totales, además del predominio en su estructura de la tributación indirecta, con su fama de regresividad.

Sigue pendiente la construcción de un nuevo federalismo fiscal, a través del incremento de las facultades tributarias de las entidades federativas, facultades con poder recaudatorio, no el de los impuestitos que hoy tienen, que no compiten en términos de recaudación con el ISR, el IVA o los IEPS, que administra la hacienda pública federal.

En el reparto de las facultades tributarias de lo recaudado, apenas participan las entidades federativas con el 2.9 por ciento, muy por debajo de los promedios de OCDE y América Latina, de los países federales de ambos bloques, pero también de los unitarios, como España o Chile.

Fue una decisión política, centralizar el sistema tributario nacional. Desde que las entidades federativas se adhieren al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya en la exposición de motivos de la ley correspondiente en 1979, se decía que a las entidades que eliminen o dejen en suspenso facultades impositivas para que las administre el nivel federal, “adquieren el derecho de recibir participaciones en la recaudación federal total”. Participaciones que recordemos, son ingresos propios.

Ha sido una decisión política, mantener la centralización y por tanto la dependencia de las transferencias, no regresándoles facultades con potencial recaudatorio importante.

Ha sido una decisión política, incrementar las transferencias condicionadas, no las participaciones, con normativa y fiscalización centralizadas, lo que significa poder y más control.

Así, el poder tributario es poder político.

Sería una decisión política, tener un sistema tributario más equitativo, el regreso de facultades con potencial recaudatorio a las entidades federativas y tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes.

Lo mismo sucede respecto a los municipios en sus relaciones con las entidades federativas. Dos anécdotas respecto a los municipios, una referente a la preocupación manifiesta de un gobernador electo, cuando el candidato del PRI a la Presidencia manifestó, que pagaría las participaciones municipales directamente a los municipios, sin pasar por las secretarías de Finanzas. Otra cuando un senador aspirante a gobernador, al enterarse que daría una plática al cabildo de la capital de su estado, me reclamó diciéndome: “para qué les abres los ojos, luego, ¿cómo los voy a controlar?”…

El poder sobre el dinero es poder político. Lo lamentable es que muchos gobernadores no se dan cuenta de lo anterior y prefieren seguir la política del “padrotismo fiscal”, esto es gestionar, pedir, pero no recaudar. Ahí está el triste caso del impuesto a la tenencia.

Twitter:@davidcparamo

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