Opinión

Petróleo a la carta

 
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Hace unas semanas un consorcio internacional dio cuenta de un gran descubrimiento petrolífero: habría, dijeron, entre mil 400 y dos mil millones de barriles prospectivos, lo que tendría que sumarse al descubrimiento, reportado por ENI Spa en marzo, de un yacimiento que elevaría a mil millones de barriles la estimación del crudo del campo Amoca, en Campeche.

Para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), tales descubrimientos son razón suficiente para posponer la subasta de contratos petroleros en aguas profundas del Golfo de México, particularmente la Ronda 2.4, prevista originalmente para diciembre. Si hay más tiempo, se dice, las empresas podrán evaluar mejor los descubrimientos recientes.

El argumento es un sinsentido, pues los descubrimientos se hicieron en aguas someras, no en aguas profundas. Se deja ver, más bien, la intención del gobierno de dar más tiempo a las compañías para que señalen las áreas que deberán aparecer en la licitación. Estamos ante unas nada honrosas licitaciones a la carta, aunque se diga que la política energética se funda en el interés nacional.

Indebidamente, la reforma energética estableció, para las empresas petroleras, el derecho de comunicar a la Secretaría de Energía las áreas en las cuales desean realizar actividades de exploración y extracción. La CNH se vale de ello para convertir en órdenes los deseos de las compañías, pese a que el artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos señala que la “nominación” que éstas pudieran hacer no es vinculante ni otorga derechos preferenciales con relación a los contratos. Por otra parte, las autoridades han decidido tratar esta información de manera confidencial, es decir, como un secreto entre la compañía y los altos funcionarios de la CNH.

Sin embargo, sólo el secretario de Energía tendrá la última palabra acerca de si las áreas nominadas se incluyen en la licitación, así como sólo el secretario de Hacienda decidirá la carga fiscal mínima que pagaría el contratista; de tal manera, no será fácil saber, cuando se emitan las bases de licitación, qué áreas fueron incluidas por interés del gobierno o de los inversionistas avezados. De cualquier forma, la probabilidad de que la compañía interesada gane el área nominada es relativamente alta, debido a la obvia asimetría de información. El precio de esa información confidencial será muy elevado en el mercado negro y eso incrementará los incentivos para la corrupción.

Las expectativas no son alentadoras, y menos si se toma en cuenta el cambio de estrategia decretado por el gobierno peñista en marzo. Dicho cambio está abocado a apresurar la concesión de territorio nacional y la privatización de los yacimientos. Todas las áreas han quedado abiertas para la nominación de las petroleras, estén en aguas someras o profundas, en zonas terrestres convencionales o no convencionales.

Adicionalmente, se ha incrementado el tamaño de los bloques donde las compañías tendrán el monopolio. Pero eso no es todo. La Secretaría de Energía privilegiará la entrega de áreas de exploración que contengan campos de extracción.

En el cierre del sexenio, parece que alguna prisa le corre al gobierno para entregar la riqueza petrolera nacional. Está claro que el principal criterio de la política energética es el lucro y, en consecuencia, la corrupción de lo público. Para impedirlo, el único remedio sería la transparencia: si la información de las nominaciones fuera pública, habría un piso más parejo, mayor competencia y mejores ofertas de pago de impuestos, anulando también el jugoso mercado corrupto de la información.

Desearía que no tuviéramos razón quienes, en su momento, argüimos que la reforma energética significaba la claudicación de lo público frente a lo privado, pero el rumbo tomado en el sector petrolero parece no dejar dudas acerca de las verdaderas intenciones de sus promotores y de quienes hoy toman, sin obligación alguna de rendir cuentas, las decisiones en la materia.

La autora es senadora de la República.

Twitter: @Dolores_PL

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