Opinión

#PeñaAño1: indefinición en seguridad


 
La crisis de seguridad no ocurrió con Calderón sino que más bien se salió de control. El problema del crimen organizado y de los cárteles estalló en 1984 con el asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista de Excélsior.
 
 
Investigador de temas de seguridad, Buendía tenía información del reacomodo estratégico de la seguridad en el Estado: el relevo tecnócrata en las élites políticas, la desarticulación del viejo PRI y la alianza México-Estados Unidos había dejado sueltos los hilos de la seguridad. Así, los policías dejaron de preocuparse por la seguridad política del Estado y establecieron pactos con el crimen organizado.
 
 
La reforma política de 1977 con el registro legal del Partido Comunista Mexicano, el colapso económico de 1976 y de 1982 y el posicionamiento en el poder estatal de los neoliberales del grupo De la Madrid-Salinas de Gortari llevaron al país a una transición hacia un régimen más económico que político, sólo que sin una reorganización política sino solamente dejando sueltos los hilos de los viejos compromisos.
 
 
A lo largo de treinta años, el sistema priista no supo transitar acuerdos. En 1984, Buendía se disponía a revelar las relaciones entre la estructura política de seguridad del Estado con los cárteles, algo que recordó recientemente la liberación del capo Rafael Caro Quintero, quien tenía una credencial de la Dirección Federal de Seguridad de Gobernación en tiempos de Manuel Bartlett Díaz.
 
La situación al finalizar el 2013 no tiene muchas diferencias con la de 1984: peor aún, se ha hecho aún más intensa la complicidad. Y a ello se agregan hechos novedosos: el surgimiento de autodefensas por encima de las instituciones legales de seguridad, el nacimiento de un grupo autodenominado guerrilla pero más como pantomima, la desaparición del Estado y sus instituciones en Michoacán y la orden de captura del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba por autoridades de Estados Unidos bajo cargos de relaciones con el narco.
 
El gobierno del presidente Peña Nieto acertó al redefinir la estrategia de seguridad, pero en las instancias inferiores no se han dado los pasos correlativos. Además de no saber comunicar acciones, la nueva estrategia no ha podido impulsar las reformas para modernizar las instituciones que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado.
 
 
Pero la sociedad también ha contribuido a mantener el clima caliente de inseguridad: la impunidad legal de organismos como la CNTE, la falta de participación institucional del PRD, las locuacidades del PAN para mantener a Gustavo Madero como presidente nacional y la ausencia funcional del PRI en iniciativas legislativas de seguridad en nada han ayudado a fortalecer la lucha contra la inseguridad. PRI, PAN, PRD, Senado y Gobernación han fallado en Michoacán, hoy un estado salvaje sin ley ni autoridad ni Estado.
 
El Pacto no alcanzó a convertirse en un acuerdo de instauración democrática y se agotó en una agenda legislativa de alcances viables y en materia de seguridad dejó de lado la reconstrucción del aparato de seguridad del Estado, la ley de seguridad nacional y la reformulación policiaca nacional-estatal-municipal.
 
En los hechos, la lucha contra el crimen organizado ha quedado en manos del Ejército y la Marina pero sin los instrumentos legales para avanzar en objetivos más de fondo. Y a ello se agregan acciones imprudentes como la del Ifai al exigir al Ejército datos de las fuerzas especiales, una instancia de seguridad nacional clave cuya existencia ha sido siempre un objetivo de información de los cárteles.
 
 
Al final, el tema de seguridad ha sido soslayado por todos, excepto por los medios que potencian hechos aislados en medio del vacío oficial de información.
 
 
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