Opinión

No puedo hablar en privado con el presidente

    
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Trump reacciona durante un discurso en el marco de la OTAN. (Reuters)

Ése debería ser el juramento que prestaran en un futuro los fiscales generales de la República o los titulares de la nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. El histórico testimonio de James Comey, el director del FBI que fue despedido por Donald Trump, no sólo pone al inquilino de la Casa Blanca varios pasos más cerca de un eventual impeachment. El testimonio también es una elocuente lección sobre la importancia que la autonomía de algunas instituciones tiene en todo país que busque ser medianamente democrático (y sobre los riesgos de no respetar esa autonomía).

Poco antes de comparecer ante el Congreso, Comey hizo pública por escrito su versión de las reuniones que sostuvo con el presidente Trump. El documento revela una personalidad metódica y perceptiva. No sólo reconstruye con un tono sereno las circunstancias en las que ocurrieron cada uno de sus encuentros privados con Donald Trump, sino que también interpreta de forma convincente las intenciones del mandatario. Un aspecto central en la argumentación de Comey que él mismo consideraba inadecuado reunirse en privado con el presidente (sabía que en estos encuentros Trump inevitablemente buscaría influir sobre investigaciones que afectaran sus intereses).

Con tacto pero con firmeza, Comey intenta explicarle de buena fe al presidente Trump los límites de su actuación como director del FBI. No, no podía prometerle lealtad (ello iría en detrimento de la confianza de los ciudadanos en su institución), sólo podía prometerle honestidad; tampoco era sensato declarar públicamente que el presidente Trump no era personalmente objeto de una investigación por posible vínculos con el espionaje ruso; si se hiciera tal declaración, el FBI estaría obligado a informar en caso de que en algún momento se abriera una investigación al presidente. Finalmente, a pesar de la insistencia de Trump, Comey no se comprometió a “dejar pasar” el asunto de Michael Flynn (el colaborador cercano de Trump quien dejó su cargo como asesor de Seguridad Nacional después de que se revelara que había mentido en relación con sus tratos con el embajador ruso en Washington).

La concepción de la moral de Trump y de Comey es diametralmente opuesta. Esto no quiere decir que Trump sea inherentemente inmoral, sólo que sus imperativos morales son distintos –menos desarrollados acaso– que los del exdirector del FBI. Para Trump la lealtad lo es todo. En este punto hay que reconocer que Trump no sólo exige lealtad de un funcionario al que considera su subalterno (en el razonamiento de Trump la autonomía del FBI es una mera sutileza). Trump también se mantiene leal hacia un colaborador caído en desgracia. Esta muestra de lealtad de Trump hacia Flynn bien podría terminar por costarle la presidencia.

James Comey encarna al fiscal comprometido con la imparcialidad de su labor, incluso si ello implica confrontarse con el presidente y perder su cargo. Los funcionarios como Comey, aves raras que parecen no tener aspiraciones políticas, pueden hacer carrera y llegar lejos en lugares como el FBI o el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es el tipo de funcionario que necesitamos formar si algún día queremos que la opinión pública confíe en el Ministerio Público, o se crea las investigaciones y las verdades históricas de nuestras fiscalías.

Desafortunadamente, con todo el respeto que me merecen, no me imagino ni a Raúl Cervantes ni a Arely Gómez ni a Jesús Murillo Karam ni a Eduardo Medina Mora (mucho menos a los subprocuradores) sosteniendo una posición parecida. En primer lugar por su perfil: son políticos antes que otra cosa. En segundo lugar, porque la clase política mexicana se ha resistido por años a dotar de autonomía real a las instituciones de procuración de justicia. Felipe Calderón se negó rotundamente a conceder autonomía constitucional a la PGR. En 2014 finalmente se aprobó la reforma que contempla la creación de la Fiscalía General de la República, como un órgano con autonomía constitucional. Sin embargo, falta ver si la persona que se designe como fiscal general en 2018 –quien durará en su encargo nueve años– llega con credenciales que hagan creíble que actuará de forma independiente. Los políticos mexicanos entienden perfectamente el poder que les otorga influir en la operación del aparato de justicia. No queda claro si entienden, por el otro lado, el riesgo que supone para su propia carrera el intentar imponer consideraciones políticas en la investigación de delitos (además claro, del lastre que ello implica para el desarrollo político y hasta económico del país).

Paradójicamente, en este sentido, Trump pareciera un político mexicano. En una brillante editorial publicada en el New York Times se 'filtraron' mensajes inventados de WhatsApp que Comey habría enviado a su esposa durante sus encuentros con Donald Trump. En uno de los mensajes más atinados, Comey hipotéticamente dice: “(Trump) no tiene idea de cómo funciona el gobierno, ni siquiera entiende que lo que hizo está mal”.

Twitter: @laloguerrero

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