Opinión

Michoacán: laboratorio presidencial


 
La nueva crisis de gobierno en Michoacán, surgida a partir de la aparición de guardias de autodefensa al margen de las leyes, podría ser la oportunidad para replantear la estrategia de seguridad en torno al fortalecimiento del Estado.
 
El punto más revelador del fracaso de la estrategia gubernamental se percibió en los últimos días con el posicionamiento mediático de las autodefensas pasando por encima --en realidad atropellando-- de la estrategia de comunicación social del gobierno. En un programa de radio, el dirigente de las autodefensas no habló de ciudadanos armados para la seguridad sino de “levantamiento en armas” del pueblo. Durante varios días, las autodefensas ocuparon espacios mediáticos sin ninguna reacción de voceros de seguridad del gobierno federal.
 
 
La parálisis política de la estrategia de seguridad ha exhibido a Michoacán como un Estado fallido, cumpliéndose las condiciones que exige la Ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución para decretar la desaparición de poderes. En los años más duros de su gobierno, el presidente Juárez se vio obligado a destituir gobernadores para mantener la autoridad de la república y la presencia de las instituciones.
 
 
En Michoacán el gobierno estatal ha sido rebasado por la dinámica de la protesta y de la violencia; asimismo, se han configurado tres de las cuatro condiciones legales para reconocer que han desaparecido los poderes: el quebrantamiento de los principios del régimen federal, la imposibilidad física del gobernador para cumplir con sus funciones y --sobre todo por las autodefensas-- la prefiguración de formas de gobierno de Estado comunitario “distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115”.
 
 
En Michoacán no hay policía institucional, los narcos y las autodefensas han entrado en enfrentamientos a balazos, la sociedad es víctima de los grupos de poder no institucionales y la autoridad es inexistente. Las autodefensas se han erigido en un poder autónomo al margen de las instituciones, con armas de alto poder. Y el ejército tiene limitaciones legales para poner orden en la zona.
 
 
Michoacán es la oportunidad para imponer la autoridad de la república, y más si el gobernador es priista, aunque el desorden comenzó con la lucha por el poder del cardenismo con el arribo en 1980 de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno estatal. El perredismo luchó por la plaza de 1988 al 2003 y gobernó dos sexenios en los que el narco se asentó en la zona. La enfermedad del gobernador priista Fausto Vallejo creó un vacío de poder y una lucha interna que impide la conformación de un gobierno fuerte.
 
 
Por el grado de descomposición, Michoacán es una responsabilidad federal. De ahí que la única salida sea reconocer que no existen poderes institucionales y convertir el estado en un laboratorio de reconstrucción política y social estatal. Las quejas de la iglesia, las denuncias ciudadanas, la toma de las armas por el pueblo son apenas indicios de que en Michoacán hay algo más que una disputa por la plaza y que el Estado federal estaría en riesgo.
 
 
Hasta ahora se acumulan datos de que las autoridades estatales son incapaces de retomar el control del estado y que la violencia domina la vida cotidiana; las denuncias de obispos y las autodefensas en la radio probaron la ausencia de un gobierno estatal y las indecisiones de la Secretaría de Gobernación.
 
 
La crisis en Michoacán está afectando la estrategia presidencial de seguridad, por lo que la respuesta gubernamental debiera ser de la misma intensidad y en sentido contrario. Si no, la ley reglamentaria permite --artículo 3– que la desaparición de poderes sea solicitada al Senado por “ciudadanos de la entidad”. En Michoacán no habrá salida en tanto no exista un gobernador fuerte.
 
 
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