Opinión

El rechazo a la realidad

   
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 [Galenos afirman que violencia agudiza el déficit que siempre enfrenta el IMSS en esta zona/ Cuartoscuro]

Estamos en una coyuntura en el país en que la imaginación se queda corta ante lo que sucede en la realidad. Los niveles de violencia, desorden, abusos, corrupción e impunidad son simplemente descomunales. Ante tal coyuntura que reclamaría una respuesta institucional ejemplar en que a partir de un diagnóstico solvente se propusieran acciones para lograr resultados, nos topamos con conductas totalmente asimétricas e ilógicas.

Es el caso que hemos cumplido ya un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, conocido comúnmente como procedimiento penal oral. Debemos recordar lo que se pretendió en la larga discusión que resultó en la reforma constitucional de 2008, misma que tuvo un periodo de vacatio legis de ocho años, y que ahora se empieza a analizar por algunos de los responsables de su ejecución (increíble).

El sistema penal anterior, de corte inquisitivo, se sustentaba en premisas que desde hace tiempo eran francamente obsoletas. Un procedimiento predominantemente escrito, supremacía del MP, ausencia de jueces en audiencias y actos clave, abuso de prisión preventiva para la mayoría de los delitos, un crecimiento exponencial de la población carcelaria (hacinamiento), y en general, opacidad de lo que sucedía en procedimientos destinados a privar de la libertad a cuanta persona se llegare a topar con alguna averiguación previa (sin importar si hubiera o no sustento en la investigación de fondo).

Ese cúmulo de problemas gestó la convicción de expertos, tratadistas, estudiosos y la propia clase política, de que teníamos que evolucionar a un sistema penal como el que se aplica en países civilizados, y en los cuales se privilegia la visibilidad, la inmediatez, la garantía de inocencia, la limitación a prisión preventiva únicamente a delitos que ameriten esta medida extraordinaria, a promover soluciones alternas de conflicto, y en general, a equilibrar el que la sanción a delitos (particularmente la privación de la libertad) deba ser resultado de una investigación científica y un procedimiento pulcro y apegado a derecho.

Pues ahora resulta que a más de nueve años de distancia de su publicación y a más de uno de su entrada en vigor, distintos actores principales en la materia se encuentran en son de guerra para tratar de generar cambios fundamentales en el nuevo sistema y que en gran medida quieren dar pauta a una regresión al procedimiento previo.

Independientemente de ser ofensivo, que con esta dilación las personas involucradas apenas reclamen los defectos (porque lo único que denota es que no estudiaron ni entendieron sus implicaciones a pesar de tener ocho años para hacerlo), no es creíble que se tenga semejante falta de memoria de todo lo que se procuró resolver con este nuevo sistema.

Claro que para las autoridades resultaba mucho más sencillo articular averiguaciones previas en las que las personas imputadas poco o nada sabían de las acusaciones hechas en su contra, para después pasar a estar en una buena medida sujetas a prisión preventiva en la mayoría de los casos, y entonces los procesados se encontraban ya en absoluta desventaja y dependían de un milagro o treta procesal (salvo si se podía costear una articulada y cara defensa penal) para librar la acusación hecha en su contra.

No es gratuito el tema de sobrepoblación en nuestro sistema penitenciario. Las cárceles se infestaron de detenciones y personas sujetas a proceso, en muchas ocasiones por delitos menores, como el caso de robos por cuantías bajas y sin violencia. El resultante hacinamiento (en el que ni siquiera se respeta la división entre población en proceso y sentenciados) ha dado por resultado el colapso de las prisiones y la gestación en casi todas ellas de un sistema de autogobierno en que la autoridad no sabe ni decide nada de lo que acontece al interior del penal, pero donde además se logra contar con un centro de reclutamiento para las bandas delincuenciales que no tienen ni que salir para recibir nuevos miembros para sus filas.

Es ante ese desolador panorama que nos encontramos hoy en día con la pésima noticia de que hay personas como el Dr. Miguel Ángel Mancera, otros gobernantes locales, e incluso funcionarios federales que pretenden eliminar algunas de las características esenciales del nuevo sistema penal acusatorio. Nos debemos oponer a semejantes propuestas. No porque no puedan haber algunos ajustes que ameriten discusión seria, como por ejemplo el ver si hay delitos que aun sin violencia ameriten prisión oficiosa (por ejemplo, por portación de armas reservadas a fuerzas del Estado), sino porque una propuesta de cambio debe estar precedida por un compromiso de avance en lo que no se ha hecho a la fecha.

El problema más bien radica en que los que ahora reclaman ineficacia del sistema, en el fondo han confesado no haber hecho el trabajo necesario y a su cargo desde el origen para que el mismo rindiera sus frutos. En particular, es muy lamentable el poco o nulo trabajo que se realizó con policías y agentes del MP que son en quienes descansa en gran medida el éxito del nuevo procedimiento. Pero fueron esas enormes omisiones las que nos tiene hoy en día con un sistema que no alcanza a dar lo que nos prometieron las propias autoridades y que ahora se quieren lavar las manos no reconociendo los problemas que ellos mismos generaron.

Y el problema no fue la falta de recursos, porque se cuenta en miles de millones lo que se invirtió en equipamiento, salas de oralidad, sistemas de cómputo, áreas de audio y video, remozamiento de instalaciones, etc. Pero como es más difícil meter la cuchara o hacer cochupos con las capacitaciones (algo de trabajo se hizo con jueces), entonces poco o nulo esfuerzo se realizó para elevar el funcionamiento y dar cabida a la preparación real de policías y agentes del MP.

Así es como hoy estamos ante una realidad que se pretende ignorar y que de hecho ha generado un caldo de cultivo de confusión. Las autoridades no reconocen sus defectos y en su lugar pretenden distraer a la ciudadanía atribuyendo al sistema, y no a sus omisiones, los problemas para procesar adecuadamente a quienes se asume o sospeche son responsables de la comisión de un ilícito penal.

Es por todo lo anterior que como ciudadanos no podemos dejar que nos pretendan confundir. Por el contrario, debemos exigir que las autoridades en los distintos niveles de gobierno hagan finalmente la chamba, y reconozcan de una vez por todas la ruta crítica de lo que no han hecho a la fecha. Así, debemos arrancarles el compromiso para lograr, con base en resultados y no acciones, todo lo pendiente y necesario para tener un país en que la justicia sea una realidad y no la excepción de hoy en día.

Es urgente ver este reentendimiento entre autoridades y ciudadanía. Parte de ello estriba en saber que la espiral de violencia e impunidad que nos ahoga no obedece al sistema penal acusatorio, sino más bien al enorme descuido y desatención en diversos temas centrales como son: prevención del delito, eliminación de la política prohibicionista de drogas, creación de áreas técnicas, científica y periciales, así como a provocar la comunicación permanente e institucional entre policías y agentes del MP.

Es en todos esos rubros de actividad en los que radican las reales expectativas de que en nuestro país se pueda lograr una verdadera recomposición y mejoría de un sistema penal que dé los resultados esperados y que así se logre abatir la incidencia delictiva y el enorme problema de impunidad y corrupción que nos rodea. Cualesquiera otros esfuerzos o formas de pretender lograr resultados son lisa y llanamente tomaduras de pelo. Ya a estas alturas del partido no es válido que nos quieran seguir engañando. Mejor les pedimos que pisen la tierra y hablen con honradez, sencillez y honestidad de lo que no han hecho y cómo lo van a cumplir. Solamente así les vamos a creer que sí van a solucionar los problemas acumulados. No hay de otra.

*Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia

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