Déficits de la Policía Federal

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Dicen los policías federales cuando cantan el himno de su organización, "en la legalidad con eficiencia, doblegaremos a la delincuencia". Este par de endecasílabos resume bien la misión que el gobierno de Calderón pensó para ellos –vencer al crimen organizado–, y los instrumentos para lograrlo –la ley con la estrategia. Desafortunadamente, la Policía Federal (PF) está muy lejos aún de lograr la hazaña de someter a las grandes mafias mexicanas, de reducir los delitos más dañinos, y también está muy lejos de lograrlo con un plan y con la ley en la mano. Del himno al hecho hay amplio trecho (otro endecasílabo).

Detengámonos primero en la misión: "doblegar la delincuencia". Los grupos criminales viven hoy en México una etapa de resurrección y apogeo: existen al menos 202 mafias locales altamente visibles (se anuncian en mantas y cartulinas) que cotidianamente asesinan, secuestran y extorsionan. Todas estas mafias locales participan, de una u otra manera, en el mercado de las drogas; 80 por ciento de ellas dedica también parte de sus actividades a la extorsión; 67 por ciento al secuestro; 36 por ciento al tráfico de personas; 32 por ciento al contrabando; y 32 por ciento al robo de hidrocarburos. Por otra parte, grandes cárteles continúan trasladando por el territorio nacional grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos; tanto las que provienen del centro y sur del continente (cocaína, sobre todo), como las que se producen en varios estados del país.

A pesar de los elogios que ha recibido recientemente por parte de sus directivos, la PF no deja una buena impresión en los estados donde realiza operativos; pareciera que en los lugares donde más la conocen, menos la quieren. Durante el año previo al levantamiento de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (el cual se realizó en marzo y abril de 2015), la Policía Federal realizó operativos en ocho estados. Una vez que se publicaron los datos de la encuesta, éstos revelaron que en siete de los ocho estados 'atendidos' por la PF, ésta obtuvo niveles de confianza muy bajos (Chihuahua, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México). Cuando revisamos algunos de los incidentes en que estuvieron involucrados los policías federales en estas entidades, entendemos por qué no inspiran confianza. Ejemplos: el 6 de diciembre de 2014 un policía federal fue detenido tras el robo de un automóvil con violencia en Ciudad Neza, Estado de México; el 17 de mayo de 2014 tres policías federales fueron detenidos por militares en Morelia cuando intentaban secuestrar al dueño de un restaurante, a quien extorsionaban; el 14 de marzo diez policías federales fueron detenidos por el robo de una casa en Huejotzingo, Puebla, con un botín de 1.5 millones de pesos.

Incidentes como estos se acumulan en los diarios locales del país, y nos dan claves para entender por qué el nivel de confianza en la Policía Federal ha descendido progresivamente. La encuestadora Parametría apunta que mientras que en julio de 2012 el 51 por ciento de los mexicanos tenía mucha o algo de confianza en la PF, en agosto de 2015 este porcentaje se redujo a 33 por ciento. Esta caída en los niveles de confianza no sólo está asociada a persistentes actos de corrupción, sino también a los abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Sobre este punto, durante 2015 aumentaron en 35 por ciento las quejas presentadas ante la CNDH contra la Policía Federal (de 580 en 2014 pasaron a 783). De modo que más que cursos sobre derechos humanos, tan difundidos en los informes de la corporación, lo que necesita la PF son castigos ejemplares contra elementos que han convertido los actos de prepotencia e intimidación en señas distintivas de su actuación cotidiana. Para el tamaño de la corporación (alrededor de 43 mil elementos), los 91 elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal y del fuero común "para sancionar la comisión de posibles actos de corrupción", entre septiembre de 2014 y julio de 2015, es ridículamente bajo.

Finalmente, el tema de la eficiencia policial. Durante 2015 aumentaron los homicidios en el país y, según las encuestas del Inegi, los delitos de alto impacto (a excepción del secuestro) no han disminuido desde 2013. Esto representa un fracaso para todas las agencias de seguridad, que en el caso de la PF se debe a tres conjuntos de factores. El primero tiene que ver con la escasa profesionalización de los elementos, lo que implica fallas desde su reclutamiento hasta un débil sistema de incentivos y sanciones. Los sistemas de evaluación, tanto de desempeño como de control de confianza, claramente no funcionan. Y la brevísimas fases de formación y capacitación (nada que ver con adiestramiento que reciben, por ejemplo, las policías de Colombia y Chile) están pasando una alta factura a la ciudadanía. El segundo conjunto de factores tiene que ver con el diseño institucional. Desde un amplísimo tramo de control (siete divisiones con trabajo sustantivo) que rebasa las capacidades de supervisión del comisario general, hasta la falta de fusión de inteligencia, pasando por una ausencia de criterios para priorizar las solicitudes y requerimientos de la PGR y de autoridades estatales y municipales. Y, en tercer lugar, hay vicios del trabajo en campo: dispersión operativa (falta de focalización), desapego a protocolos y baja preparación de los grupos tácticos.

¿Qué hay que hacer? Trabajar muy duro, con base en un plan, a favor de la profesionalización de la PF; dejar de solapar corruptelas y abusos de autoridad al interior de la corporación; y dejar de pensar por ahora que la PF es potencia en América Latina.

Twitter: @laloguerrero

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