Opinión

Derechos humanos, una cita crucial en la CIDH

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Durante el día se registró la muerte de 4 marinos. (Archivo/Cuartoscuro)

Un exgobernador sufre un atentado en Colima, el gobernador electo de Guerrero atestigua un ataque a un bar en Acapulco, abrasiva cacería de la Marina para recapturar a El Chapo, un cadáver colgado de un puente sacude al DF, el Ejército seguirá en Michoacán hasta que haya policías confiables…

La agenda de la violencia se impone. El pasado regresa. Tres años de otro gobierno federal y de nuevo la inseguridad es el tema acuciante. ¿Estamos condenados a no salir de este ciclo?

La respuesta a esa interrogante podría estar en lo que ocurra hoy en Washington D.C., donde este martes será revisada la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país.

En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este día se llevarán a cabo cuatro audiencias: presentación del informe 'Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa', a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); 'Manuel Santiz Culebra y otros' (masacre de Acteal); 'Derechos humanos y políticas de drogas en México', y 'Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México'.

En una de estas audiencias, activistas por los derechos humanos pedirán analizar si existió y/o existe una política del gobierno federal que alienta el que los criminales se eliminen entre sí, lo que habría desatado la ola de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, actos de tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, etcétera.

Bajo la premisa tantas veces escuchada en el sexenio anterior de que se “están matando entre ellos”, esa política de permitir tanto a individuos como a funcionarios de distintas instituciones cometer actos criminales incluiría la inacción por parte de los organismos encargados de investigar y castigar esos hechos.

El resultado de esa política sería el tsunami de violaciones a los derechos humanos que padece México, crisis que supera la capacidad institucional para hacer justicia.

Un ejemplo: según organizaciones de derechos humanos, de 2007 a 2014 hay alrededor de cuatro mil denuncias por tortura, la cuarta parte de ellas atribuibles a Fuerzas Armadas. De ese universo, sólo ha habido once consignaciones y cinco sentencias. Impunidad casi perfecta.

Otro. Tomen la cifra de desaparecidos que más les parezca (13 mil, 23 mil, 25 mil, etcétera). Frente a esa tragedia humanitaria, hay sentencias firmes en apenas seis casos. Y todos esos expedientes son de hechos cometidos antes de 2006.

Lo mejor que podría hacer el gobierno de México en las citas de hoy en Washington sería reconocer que la situación nos ha rebasado. Por ello mismo, en otra de las audiencias podrían dar el mensaje correcto, y ese mensaje es que la administración Peña Nieto está dispuesta a que en algunos casos paradigmáticos se formulen esquemas que garanticen que no habrá impunidad, así haya que revisar el papel de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiacos.

En ese tenor, la audiencia donde se presentará el informe sobre Ayotzinapa por parte del GIEI debería ser la ocasión ideal para que el gobierno mexicano deje de titubear, aclare de una buena vez los términos del nuevo mandato de los expertos (mandato que hasta ayer no se había concretado).

Pero se antoja difícil que el gobierno haga lo anterior, dadas las claridosas declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, que se opone a que los soldados declaren en torno a Ayotzinapa, como lo ha solicitado el GIEI.

Violencia e inseguridad seguirán si la impunidad persiste. Veremos qué postura asume en Washington el gobierno. El hoy está en juego.

PS. Hay carta del consejero Ciro Murayama sobre la columna de ayer. Mañana la comentaremos.

Twitter: @SalCamarena

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