Opinión

Cambios “legales”, inmorales e inútiles

 
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Agreden a Ricardo Anaya, Santiago Creel y Miguel Ángel Yunes en Veracruz (Especial)

Nuestro Matías cumple 4 años

En el contexto del problema social de los estados del sur, el de los exgobernadores Padrés y Medina, me preguntaba mi amigo Gerardo Lozano Doubernard mi opinión sobre los cambios legales en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, denunciados esta semana como un intento de los gobernadores salientes para frenar el fincamiento de responsabilidades, y que las revisiones futuras del ejercicio del gasto público de las tres administraciones, sea benigna, la de los dos Duarte y la de Borge. En resumen, pienso que son reformas inmorales e inútiles, es como esconder al muerto abajo del tapete o querer apagar el fuego con gasolina.

Aun hoy hay gobernadores que se dan cuenta tarde de los riesgos que corren en su séptimo año, por no haber sido cuidadosos en el ejercicio de los recursos públicos, ni transparentes en los otros seis. Sus abusos presupuestales fueron amplios.

El séptimo año es el más difícil para aquellos gobiernos que hicieron mal las cosas: es cuando ya no tienen el poder, cuando son auditados por la siguiente administración, cuando los propios excolaboradores los denuncian y muchos amigos de temporal, ya no lo son. Por otra parte, el ejercicio de recursos federales del sexto año será objeto de auditoría hasta el próximo, así como la revisión de su última cuenta pública por los renovados congresos locales. Dictaminar no es exonerar.

Una práctica común entre los gobernadores que se van, que no ha desaparecido del todo, es comprometer recursos presupuestarios a futuro, como la basificación de trabajadores eventuales o de honorarios; la entrega discrecional de placas del servicio público; la autorización de nuevas notarías; además de la deuda contratada el último año. Por ejemplo, seis meses antes de concluir su gestión, Juan Sabines les sumó ocho días adicionales, para llegar a los 90 días de aguinaldo, a los maestros de las dos secciones sindicales de su estado (la 7 y la 40) y otros se endeudan brutalmente el último año.

Un tema que hay que revisar es el de la no homologación de los periodos de prescripción, lo cual tiene que ver con la impunidad.

Por ley, los auditores superiores de los estados deberían cumplir con un periodo de siete años, sin embargo no es así, sobre todo cuando su nombramiento fue político y el fin del mismo ha sido la búsqueda de impunidad. Por ello los auditores rara vez cumplen su ciclo, ya que generalmente los nuevos gobernadores los cambian, aunque la ley diga lo contrario y ponen al que cree le cubrirá las espaldas.

Siempre habrá formas de presión para mover al contralor o auditor superior estatal que no sea del gusto del gobernante o jefe inmediato superior: les nombran a los segundos, les bajan el sueldo, los bloquean administrativamente, y eso sucederá mientras no participe la ciudadanía en su selección y el Congreso no los elija, como en el INEE.

La estrategia denunciada en esos estados es clara: adelantar la presentación de las cuentas públicas para que la aprueben todavía los congresos afines, nombramiento anticipado de fiscales anticorrupción, comisionados del INAI local, del titular de la ASL o del contralor transexenal, seguridad por 15 años, etcétera. Pero todo por cierto, se puede modificar mediante otra reforma constitucional en el futuro.

¿No sería más fácil que desde un principio capaciten a sus funcionarios para el ejercicio de los recursos, se actualicen en el conocimiento de las leyes y las normas, funcionarios con experiencia, no los cuates, se revisen por profesionales de la auditoría gubernamental –como sucede en la auditoría fiscal– antes de que los auditen los órganos federales, para evitar errores y hacer mejores gobiernos?

Eso es mejor que acciones desesperadas para pretender impunidad, que con la ley se puede remontar. Sucesos como el de ayer en Veracruz son lamentables.

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