Opinión

Buenas intenciones, malos resultados

   
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pronapred. (especial)

Con esta frase lapidaria Santiago Levy tituló hace una década su libro sobre la política social del gobierno federal; una política que, en buena medida, él mismo había contribuido a diseñar. En “Buenas intenciones, malos resultados”, Levy demuestra que algunas políticas de protección social han tenido el efecto perverso de inhibir el empleo formal e indirectamente han contribuido al estancamiento de la productividad laboral en el país.

Algo parecido pasó con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), que el próximo año no tendrá recursos, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El PRONAPRED era una bolsa de recursos que se destinaban a la atención de “factores de riesgo”. Es decir, a mitigar un amplio abanico de carencias sociales que se asocian con la participación en actividades delictivas (desde la deserción escolar, hasta la falta de actividades recreativas). El PRONAPRED fue víctima de errores de diseño y de implementación, pero también de las buenas intenciones de quienes quieren hacer frente a la delincuencia a partir del combate genérico a la marginalidad.

En México, el mapa de la violencia no coincide con el mapa de la pobreza (aunque es necesario reconocer que las localidades con más recursos han demostrado tener más capacidad para superar crisis de inseguridad, a diferencia de las localidades más pobres, donde la violencia tiende a enraizarse). Un primer dato importante a considerar es el perfil de las víctimas. Hace algunos años, cuando Fernando Escalante publicó uno de los primeros análisis estadísticos del homicidio en México, era claro que el nivel de escolaridad de las víctimas de homicidio era considerablemente inferior al de la población mexicana en su conjunto.

Sin embargo, con el paso de los años la baja escolaridad ha tendido a desdibujarse como una característica distintiva de los mexicanos que son asesinados. Durante el periodo 2000-2007 el 57 por ciento de las víctimas tenían un nivel escolar de primaria o inferior; para el periodo 2008-2015 esta cifra se redujo a 42 por ciento. En contraste, el porcentaje de las víctimas con escolaridad de secundaria o bachillerato pasó de 36 a 50 por ciento. El cambio parece demasiado drástico como para explicarse simplemente por el aumento general en la escolaridad de la población.

Otro dato importante para la reflexión es la experiencia de nuestros vecinos del norte. En Estados Unidos ha sido posible reducir en 50 por ciento la tasa de homicidios en las últimas dos décadas. Este éxito fue posible porque se impulsaron iniciativas orientadas a prevenir la violencia que no partían de la idea de que primero era necesario atender todos los grandes problemas sociales. Por el contrario, se definieron estrategias mucho más modestas, pero que partían de un diagnóstico atinado sobre los grupos concretos y las dinámicas que propiciaban el grueso de la violencia en cada comunidad: generalmente las disputas entre pandillas por el mercado de narcomenudeo en la vía pública.

El enfoque en las pandillas fue un aspecto clave de la política para la reducción de la violencia en Estados Unidos. En México, una altísima proporción de los homicidios viene de un núcleo muy compacto: las organizaciones criminales y sus grupos de sicarios. Es un mundo que siempre ha existido y que siempre ha sido violento, pero que cambió sus expectativas y sus códigos de conducta de forma súbita a partir de la estrategia de persecución indiscriminada del gobierno de Calderón. Dentro de las expectativas y los códigos actuales, los conflictos sólo pueden terminar con la eliminación del adversario. Para revertir la crisis de violencia es necesario cambiar nuevamente estos códigos.

Hay muchas posibles estrategias para cambiar las expectativas de los grupos criminales. Una tiene que ver con su forma de desplazarse y de demostrar su presencia en un territorio. En las carreteras, en los pueblos y hasta en las ciudades de las regiones más peligrosas del país, hay un símbolo ostensible del actual código de violencia del crimen organizado: los “comandos armados” que circulan con relativa libertad. Sin ir más lejos, en lo que va de septiembre un comando armado secuestró a 15 personas de un autobús que circulaba en una carretera de Tamaulipas; otro comando armado ejecutó al comandante de la policía de Talpa, en Jalisco; otro más robó un millón de pesos de una mina. Una estrategia eficaz para contener la violencia debe limitar al mínimo la presencia de comandos armados y otros símbolos de la violencia criminal.

Yo no lamento la cancelación del PRONAPRED. Es un cambio que abre la oportunidad para replantear una estrategia enfocada en cambiar la lógica de las organizaciones criminales, específicamente en inhibir los homicidios (así lo sugiere la estrategia contra la violencia en 50 municipios, recientemente anunciada por el presidente Peña Nieto). Una estrategia de esta naturaleza no requiere un gran presupuesto. Sin embargo, sí necesitará voluntad política para cambiar la forma como las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúan frente a la violencia del crimen organizado.


Twitter: @laloguerrero

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