Opinión

Agenda 2017 de propiedad intelectual

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CICEG PROSPECTA CALZADO

Entre los vaivenes políticos del inicio de año, resulta indispensable hacer recuento de los puntos pendientes que en cada sector deben ser atendidos. El ejercicio no sólo es indispensable para trazarnos metas comunes y rutas dirigidas, sino que el efecto catártico de su implementación es más deseable que nunca. O lo que es lo mismo, dejemos que Trump y el gasolinazo sigan su dinámica del conflicto, y demos tiempo y energía a lo más importante.

En materia de franquicias la oportunidad parece única. Ante la crisis del peso-dólar, las marcas mexicanas del sector tienen una oportunidad magnífica de crecimiento; además, ante la incertidumbre económica las inversiones en modelos de negocios probados deben apuntalar al sector como puerta de acceso para nuevos empresarios. El mayor pendiente en este rubro es el rediseño de una regulación adecuada que desde hace 10 años se está cocinando.

En materia de legislación pendiente seguimos con la misma agenda desde hace por lo menos un lustro. Requerimos con urgencia una ley para la protección de expresiones de folclore (incluyendo especialidades gastronómicas), y otra ley que va de la mano que se dirija a proteger el conocimiento tradicional de pueblos y comunidades indígenas del país. Como complemento, es necesario reimpulsar el proyecto de una ley que regule Indicaciones geográficas, que a través de su figura más elitista (las denominaciones de origen), ha probado ya su impacto económico en regiones enteras favorecidas con esta clase superior de protección.

Estas tres leyes, en conjunto, constituirían una manera de pagar parte de la deuda histórica que nuestro país tiene con sus etnias y comunidades rurales, permitiéndoles la apropiación de sus expresiones culturales más sentidas. Al propio tiempo, la construcción de esta plataforma permitiría dar cohesión a amplios sectores productivos que por décadas han operado de forma autónoma, y que en este tipo de reconocimiento encuentran motivos de colaboración.

Siguiendo con la parte legislativa, que sin duda concentra las prioridades de la agenda, resulta también inaplazable la reforma de las leyes de marcas, patentes y derechos de autor, a fin de actualizarlas incorporando las novedades que en el mundo se han gestado en los últimos 25 años, tratando también de encontrar un remedio a los largos, intrincados y desgastantes recursos procesales, que convierten cualquier litigio en una serie de terror con varias temporadas. Por varios años estuvimos esperando y especulando con los estándares de protección que el Transpacific Partnership Agreement (TPP) habría de imponernos en estas materias, como faro para nuestra reforma interna, y hoy que el efecto Trump ha destruido esa inercia tendríamos que tomar las decisiones necesarias para ir adelante con los cambios, como dicen los jueces, con plenitud de jurisdicción.

Otros puntos pendientes a considerar, en el lado de las autoridades administrativas, pasan por dar eficiencia a cambios ya operados en el pasado. En el caso del IMPI estas tareas parecen concentrarse en optimizar la operatividad del llamado Protocolo de Madrid, a fin de lograr que los empresarios mexicanos aprovechen sus ventajas para registrar marcas en el extranjero; y por lo que hace al sistema de oposición de marcas, poder afinar las reglas que permitan hacer más útil el mecanismo.

En la parte de lucha antipiratería el gran desafío sigue ahí. Antes de pensar en cómo derrotar a un enemigo cada vez más virtual, cada vez más clandestino y cada vez más agresivo, habrá que enfrentar al enemigo interno de la falta de coordinación entre autoridades y sector privado, y combatir con todo al adversario que el sistema ha mimetizado en impunidad e indiferencia.

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