Opinión

Adopta oralidad el sistema de juicios mercantiles

01 febrero 2017 5:0
 
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sala juicios orales

A la memoria de mi padre, don José Jalife, por 75 años de litigio responsable.

El decreto de reforma al Código de Comercio publicado el pasado 25 de enero, en mi opinión, constituye la más importante reforma en materia mercantil en más de 125 años de vigencia de esta legislación. En resumen, la modificación normativa conduce a que a partir de enero de 2019, todas las controversias en materia mercantil en el país sean tramitadas bajo el formato de juicios orales. En el año siguiente solo calificarán aquellos que sean menores en la cuantía reclamada a un millón de pesos. A partir del año dos de la reforma la cuantía para ser tramitados por la vía oral subirá a millón y medio; y a partir del tercer año todas las contiendas mercantiles serán tramitadas en la vía oral, sin limitación de monto, desapareciendo los litigios que de manera escrita se tramitaron durante más de un siglo del actual código comercial.

El cambio es trascendental por diversos motivos. El primero de ellos es porque la modificación toca a uno de los bastiones más simbólicos del derecho privado. Los cambios que por más de 8 años se fueron preparando e implementando en materia penal a lo largo del país, seguían contenidos en una materia de orden público, que a todas luces requería de una transformación total. De hecho, ya los cambios tentativos introducidos en algunas controversias familiares y mercantiles de bajo monto, anticipaban esta decisión. Pero de cualquier forma, el salto que significa la medida es, sin regateos, la más ancha y atrevida que nuestro sistema normativo de litigio entre particulares haya sufrido en décadas.

Hay que asumir que nosotros, los abogados, solemos adoptar posiciones claramente conservadoras, defensoras de símbolos y protocolos que nuestra formación nos obliga a venerar y defender, más allá de los contenidos y de los valores representados. La forma vale en sí misma, y los pesos y contrapesos inoculados por relaciones de décadas entre litigantes y tribunales se verá trastocado. Dados los enormes contrastes con el sistema escrito, la reforma es un dardo penetrante y tóxico que puede lastimar conciencias y privilegios. Mucho cambiará la manera de administrar justicia en nuestro país, en forma y fondo a partir de esta trascendental enmienda, hasta el punto en el que en un lustro no reconoceremos los fundamentos del viejo sistema.

El desafío para todos los involucrados es sencillamente monstruoso. La ruta de calamidades –aunque le podamos llamar experiencia-, de la implantación del sistema oral en materia penal, poco habrá de iluminar el escenario entre una forma de relación procesal –el reo vs. el fiscal-, frente al triángulo procesal en el que hay dos partes y un juez.

Claramente las mayores cargas se orientarán a la capacitación del personal judicial y los litigantes, para tratar de evitar lo que en materia de delitos ha sucedido: cada tribunal aplica su propio código. En ese contexto, peritos, actuarios, secretarios y archivistas tendrán que prepararse y durante un largo periodo deberán trabajar con dos sistemas contradictorios que cohabitan.

Otro gran apartado de penalidades estará dado por las necesarias reformas materiales a los juzgados existentes, a fin de adaptarlos a las exigencias de un proceso oral. Mobiliario, cámaras, archivos y espacios deberán ser rediseñados para responder al nuevo formato. Por un tiempo, la justicia deberá transcurrir entre bambalinas de tabla roca.

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