Ingreso

La desigualdad sigue siendo una realidad dolorosa y persistente.

Creciendo a la tasa anémica de 2.5 por ciento en promedio para el PIB global, previa a 2018, el ingreso per cápita crecía al 1.5 por ciento, y podríamos duplicar el ingreso per cápita en tan solo 47 años.

Los programas sociales tienen un costo en el mayor gasto público, que alguien tiene que cubrir, ya sea por medio de impuestos o por un endeudamiento público, que lo tendrán que pagar las próximas generaciones.

Dado que el paradigma del gobierno ya no es crecer, sino redistribuir el ingreso, logramos ralentizar el crecimiento del PIB aún más.

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos contabilizó que, durante la pandemia por Covid-19, en ese país se perdieron 40 millones de empleos, de los cuales 42 por ciento nunca se recuperaron debido a que fueron automatizados.

La aplicación del ingreso básico universal ha generado debates que, por un lado, celebran la medida como una forma moderna de justicia que traería mejoras en la salud y educación de los destinatarios y un aumento en la productividad.

Al erosionarse los mínimos de bienestar caemos en lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas que, al no expandirse el empleo formal, los jóvenes buscan acomodo en la informalidad y en las opciones que ofrecen las actividades ilegales.

Más recursos disponibles para el gasto social, y de infraestructura, significa una mayor cantidad de necesidades atendidas.

Se consideró por un tiempo que el solo hecho de competir con países de todas las regiones del mundo sería una solución para lograr mejor desarrollo económico en América Latina y El Caribe.

El informe 'Horizontes 2030 para el desarrollo' propone estrategias con un enfoque estructuralista para el desarrollo nacional en México.