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¿El T-MEC es ‘letra muerta’ en maíz?

EU ha defendido la importancia de evitar una interrupción en las exportaciones de maíz y ha pedido a México un proceso de aprobación regulatoria basado en la ciencia.

El nuevo decreto del Ejecutivo mexicano donde se establecen acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado (GM), no da respuesta a la petición de Estados Unidos a México de presentar, a más tardar ayer, evidencias científicas que sustenten su intención de prohibir el uso del herbicida y la importación de maíz transgénico.

El decreto del 13 de febrero, que deja sin efecto el del 31 de diciembre de 2020, parece ser la reacción del gobierno mexicano a la carta del pasado 30 de enero donde la representante comercial de EU (USTR) emplaza a México a detallar las razones científicas que expliquen dicha prohibición.

La USTR solicitó una respuesta del gobierno mexicano a más tardar el 14 de febrero, un día después de la publicación del nuevo decreto sobre glifosato y maíz GM.

Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que el nuevo decreto suple el anterior y hace una precisión sobre los alcances de la prohibición.

“El presidente López Obrador había dicho que esta prohibición de maíz GM sería para el de consumo humano y esto ya es precisado en el decreto, porque el anterior dejaba abierta la puerta a interpretaciones que podrían llevarnos a pensar que también (incluía) el maíz modificado genéticamente para el consumo animal”.

A diferencia del decreto anterior, el maíz transgénico para alimentación animal y uso industrial para alimentación humana –excepto la producción de masa y tortilla– se seguirá importando hasta que se encuentre un sustituto, por lo que se elimina la fecha límite del 31 de enero de 2024 para prohibir su uso.

En opinión de Carrillo, el punto importante del decreto es que “sigue careciendo de esto que requiere no sólo el gobierno de EU, sino en particular el capítulo 9 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que establece que toda medida que implique una prohibición o restricción al comercio de mercancías tiene que basarse en principios científicos”.

En ese sentido, abundó el experto, “la exigencia de EU está establecida en un documento que está avalado, firmado (por México) y con el que está comprometido el Estado mexicano”.

La respuesta de la administración Biden no se hizo esperar y mediante su secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo ayer que “después de la revisión inicial, el Departamento de Agricultura está decepcionado con el nuevo decreto de México sobre el maíz genéticamente modificado”.

En un comentario atribuido al funcionario, USDA –las siglas en inglés del Departamento– dejó claro que “EU cree en un sistema de comercio basado en normas y basado en la ciencia y se adhiere a él, y mantiene su compromiso de evitar interrupciones en el comercio agrícola bilateral y daños económicos a los productores estadounidenses y mexicanos”.

Es por eso que “estamos revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto y tenemos la intención de trabajar con la USTR para garantizar que nuestro compromiso basado en reglas y en la ciencia se mantenga firme”.

En línea con la declaración de Vilsack, el presidente de la estadounidense Asociación Nacional de Productores de Maíz, Tom Haag, advirtió que “está en juego la integridad del T-MEC”, pues acelerar una prohibición de importación en numerosos usos de grado alimentario “hace que el Tratado sea letra muerta a menos que se haga cumplir”.

La USTR ha defendido la importancia de evitar una interrupción en las exportaciones de maíz de EU y, reiteradamente, ha pedido a México un proceso de aprobación regulatoria basado en la ciencia.

Aunque su petición tiene más de un año y está basada en el artículo 6 del capítulo 9 (medidas sanitarias y fitosanitarias) y en el artículo 5 del capítulo 11 (obstáculos técnicos al comercio) del T-MEC, no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte del gobierno mexicano.

Pero desde la perspectiva de la Secretaría de Economía, con el decreto, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.

¿Terminará la USTR solicitando las consultas de resolución de disputas con México por la controversia en maíz? Si lo hace, seguramente acabaremos en un panel.

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