El jueves en la noche nos enteramos de la agresión sufrida por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien milagrosamente salvó su vida.
Los actos de violencia contra los periodistas –y cualquier ciudadano– son condenables, pero terminan siendo un botón de muestra del panorama de gobernanza en México.
La violencia criminal y la inseguridad son incompatibles no sólo con la vida democrática y las libertades en el país, sino también con el crecimiento económico.
En la encuesta nacional de El Financiero publicada a principios de diciembre, la mayoría de los mexicanos califica negativamente el desempeño del ‘gobierno transformador’ en seguridad pública.
Si bien ha habido mejoras en la percepción del desempeño gubernamental en esta materia, la inseguridad pública se mantiene como el principal problema que afecta al país, muy por arriba de la situación económica.
El señalamiento de la opinión ciudadana es coincidente con las respuestas provenientes de la encuesta que levanta cada mes el Banco de México entre especialistas del sector privado.
El peso de la inseguridad en la percepción ciudadana no está nada alejado de las inquietudes de los analistas sobre los factores que más pueden obstaculizar el crecimiento económico en los próximos meses.
De por sí, el crecimiento de la economía mexicana anticipado por el consenso de analistas y operadores de los mercados financieros para 2023 no llega al 1 por ciento anual.
En la encuesta de diciembre, publicada este viernes, los expertos en economía consideran que, a nivel general, los principales factores limitantes del crecimiento se asocian con la gobernanza.
Así lo refirió el 44 por ciento de los especialistas consultados por Banxico y, de manera particular, el obstáculo más importante son los “problemas de inseguridad pública”.
La segunda fuente de riesgos no económicos ni financieros en esta encuesta, la última del año, son “otros problemas de falta de Estado de derecho”, seguida de la “incertidumbre política interna”.
Coincidente con lo anterior, el Índice Mexicano de Confianza Económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que el principal obstáculo al que se enfrentan las empresas son las condiciones de inseguridad en el país.
Así lo consideró en noviembre el 57 por ciento de los contadores públicos, representados en más de 60 colegios del IMCP, en los que participan profesionales en la materia, socios de despachos contables, que a su vez prestan sus servicios a múltiples empresas en México.
La segunda limitante que enfrentan las empresas mexicanas es la corrupción, con el 52 por ciento de las menciones de la contaduría pública.
Los riesgos relacionados con la gobernanza se acompañan de un ambiente de debilidad institucional y polarización social en el que el gobierno mismo, es el principal responsable de dañar las instituciones.
Para no ir muy lejos, ahí están las líneas de inconstitucionalidades en la iniciativa del presidente López Obrador para reformar las leyes electorales, aprobadas esta semana en el Senado y la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados.
Una parte del llamado ‘Plan B’ electoral de AMLO quedó en suspenso y no podrá promulgarse ni entrar en vigor, pues la minuta fue modificada por los diputados al rechazar la cláusula de ‘vida eterna’ que permitía a los partidos políticos transferir votos mediante candidaturas comunes.
Ahora la minuta debe ser devuelta a los senadores para su debate y votación, lo que ocurrirá hasta febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
El hecho es que la reforma en materia electoral enciende las alarmas al ir en detrimento de las instituciones y autoridades electorales, el INE y el TEPJF, en aras de ‘reducir los costos de la democracia’.
No es exagerado decir que el debilitamiento del marco institucional y el deterioro del Estado de derecho en México, junto con la corrupción e impunidad, pueden dañar el potencial de crecimiento del país por mucho tiempo.
Lamentablemente, los mensajes del gobierno sugieren que vamos en esa dirección.