Entre la tormenta que desató el presidente López Obrador el jueves pasado, cuando anunció anticipadamente la decisión del Banco de México de subir su tasa de referencia, pasaron inadvertidos algunos puntos relevantes de su mensaje en la 85 Convención Bancaria.
Uno de ellos fue su reconocimiento de que “fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Fue un trabajo importante, mantuvimos y seguimos manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de EU y (el) de Canadá”.
Según AMLO, “ahora México en buena medida por eso es uno de los países más atractivos para la inversión, el desarrollo económico y el comercio”.
Le asiste la razón al presidente en cuanto a la importancia que representó la apuesta por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como T-MEC, que a partir de julio de 2020 sustituyó al TLCAN.
Desde hace algunos meses, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas superó su nivel previo a la pandemia, impulsado básicamente por la economía estadounidense.
Pese a que el T-MEC está contribuyendo a la recuperación económica de México ante los efectos provocados por la pandemia, la 4T está empeñada en cambiar las reglas del juego en materia energética, sin importar las implicaciones en la relación con EU u otros países con los que tenemos tratados comerciales y acuerdos de protección recíproca de inversiones.
El viernes, un día después de que AMLO ponderó en la Convención Bancaria la importancia que tiene para nuestro país el T-MEC, la representante comercial de EU, Katherine Tai, calificó de preocupante el viraje en el sector energético de México.
Tai advirtió de “las serias preocupaciones de la USTR con el deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de México, incluida una serie de acciones en curso que el gobierno mexicano ha tomado para aumentar el control estatal y limitar la competencia en el sector”.
La embajadora Tai informó que la USTR está “evaluando activamente” esos cambios, incluidas las reformas de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), suspendidas por mandato del Poder Judicial.
Los señalamientos de la representante comercial de EU se producen previo a la cercana discusión en el pleno de la Corte del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, en el que plantea que las reformas a la LIE no son inconstitucionales, así como de la votación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de AMLO para reformar los tres artículos de la Constitución sobre la regulación de las actividades del sector energético.
Las reformas a la LIE, que –entre otras cosas– modifican el criterio de despacho de la energía eléctrica para dar prioridad a la que genere la CFE, están en litigio en la Corte, que habrá de pronunciarse sobre su inconstitucionalidad la próxima semana.
Sobre esas reformas, la Cofece y el gobierno de Colima de la administración anterior interpusieron sendas controversias constitucionales, mientras que senadores de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad.
La iniciativa de reforma constitucional en materia energética, que propone desaparecer los organismos reguladores, cancelar todos los permisos y contratos con el sector privado, eliminar la figura de autoabasto y privilegiar a la CFE en la generación eléctrica, es difícil que pueda aprobarse en sus términos, pues se requieren dos terceras partes de los votos.
Pero en el caso de la LIE, el proyecto de la ministra Ortiz propone rechazar la inconstitucionalidad de esa legislación secundaria, cuyas reformas –asegura– no afectan la libre competencia ni dan trato privilegiado a la CFE.
Si se declaran infundadas las dos controversias y la acción de inconstitucionalidad, para lo cual se requieren cuatro de 11 votos en el pleno de la Corte, la LIE no será derogada.
Si es así, las reformas a la LIE ya no podrían ser impugnadas ante el Poder Judicial y no habría manera de que los privados pudieran ampararse.
A los inversionistas extranjeros sólo les quedaría la protección que otorgan los tratados y acuerdos internacionales de los que México forma parte, como el T-MEC.
Lo que no debe perderse de vista es que el blindaje jurídico del ‘nuevo modelo energético’ se dará a costa de debilitar la confianza de los inversionistas en México, justo cuando AMLO lo ‘vende’ como uno de los países más atractivos para la inversión.