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¿Un simple ‘mejoralito’ para Pemex?

Si no mejora la rentabilidad de Pemex, será necesario destinar recursos presupuestales adicionales a la empresa, lo que representará un riesgo para las finanzas públicas.

La nueva inyección de capital a Petróleos Mexicanos por parte del gobierno federal es insuficiente para poner solución, en la segunda parte de la administración, al problema estructural del alto nivel de la deuda de la empresa productiva del Estado.

Mantiene un endeudamiento excesivo, pues su deuda total es de 113 mil millones de dólares al cierre de septiembre.

Además, su deuda de corto plazo creció 150 por ciento en los últimos dos años al pasar de 9.2 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2019 a 23.1 mil millones en igual periodo de 2021.

La Secretaría de Hacienda anunció el lunes que el gobierno llevará a cabo una aportación patrimonial a Pemex por un total de 74 mil millones de pesos –3 mil 500 millones de dólares– para refinanciar deuda de corto y mediano plazos.

Los recursos serán utilizados para el intercambio de bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 o la recompra de bonos con vencimiento entre 2044 y 2060, con el propósito de mejorar el perfil de la deuda.

También se anunció la ‘reformulación’ del plan de negocios 2021-2025 para fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazos.

El plan de negocios, además de ser el documento rector de la estrategia financiera y comercial de la petrolera, es clave para mantener la confianza de los inversionistas.

La inyección de capital se complementará con la disminución de la carga fiscal, que es otro de los problemas estructurales, pues la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 2022 formaliza la reducción de la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de 54 a 40 por ciento.

La nueva inyección de recursos se suma a otros apoyos que ha destinado el gobierno a la empresa en este año y en lo que va de la administración de AMLO.

En su más reciente informe trimestral, el Banco de México señala que, de acuerdo con los estados financieros reportados en la Bolsa Mexicana de Valores, en el periodo enero-septiembre de este año el gobierno le destinó a Pemex 96.7 mil millones de pesos en aportaciones de capital para cubrir amortizaciones de deuda y 71.1 mil millones para la construcción de la refinería de Dos Bocas, que se financia con recursos públicos.

Mientras que la petrolera ha pagado en impuestos y derechos 242.6 mil millones de pesos, cantidad que al cierre de octubre pasado llegó a 276 mil millones, que es lo que ha entregado al gobierno en este año por concepto de DUC y derechos de extracción.

La posibilidad de reducciones adicionales en la calificación crediticia de la empresa es uno de los factores de riesgo más advertidos por los analistas de mercados financieros.

A finales de julio, Moody’s recortó la nota de Pemex de Ba2 a Ba3 y mantuvo la perspectiva negativa, lo que podría indicar futuras bajas en los siguientes 12 a 18 meses.

La acción de Moody’s, basada en el elevado riesgo de liquidez y de negocio de la petrolera, molestó al director general de la empresa, Octavio Romero, quien en su momento expresó su total desacuerdo con la calificadora.

Desde 2020 Pemex perdió el grado de inversión y ahora está a un nivel, en la escala de Moody’s y también en la de Fitch Ratings, de que su deuda se considere altamente especulativa.

La pregunta es si el alto respaldo gubernamental será suficiente para evitar un deterioro adicional en la calificación de la empresa e incluso en la deuda soberana de México dada su correlación.

Las preocupaciones de las calificadoras sobre la perspectiva fiscal del país son reiteradas.

Recientemente, Fitch advirtió del riesgo que representa para las finanzas públicas el respaldo financiero a Pemex a través de beneficios fiscales y capitalizaciones del gobierno.

En la misma línea, Moody’s alertó que la necesidad de apoyo recurrente y sustancial a la petrolera es un factor que está erosionando la solidez fiscal de México.

Si no mejora la rentabilidad de Pemex, será necesario destinar recursos presupuestales adicionales a la empresa, lo que representará un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la calidad crediticia del país.

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