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La disputa por la ‘joya de la corona’

La reforma eléctrica en discusión significa mucho para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ‘transformador’.

La iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, principalmente enfocada en la industria eléctrica, es el tercer intento del presidente López Obrador y de su gobierno para cambiar la forma en que opera el mercado de la electricidad en México.

El primero fue la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía en mayo de 2020.

Respecto a esa política, conocida como ‘decreto Nahle’, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al estimar que violentaba los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia.

La SCJN declaró inválido, en buena parte, el acuerdo de la Sener por el que se creaba dicha política.

Si bien se dejó insubsistente, sus elementos principales fueron retomados en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que representó el segundo intento por cambiar las ‘reglas del juego’ en el mercado eléctrico mexicano.

La reforma, que modifica el criterio de despacho de la energía eléctrica para dar prioridad a la que genere la CFE, fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso y promulgada por el Ejecutivo en marzo pasado.

Dado que es una reforma a una ley secundaria, se presentaron cientos de demandas de amparo y los jueces especializados en competencia económica otorgaron suspensiones definitivas con efectos generales, aunque algunas fueron revocadas por tribunales colegiados.

En abril, la Cofece interpuso una controversia constitucional ante la SCJN contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al considerar que favorece a la CFE y que parte de su contenido es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.

La SCJN admitió a trámite la controversia, al igual que otras promovidas por senadores de minoría y el gobierno de Colima, de manera que aún falta que el máximo tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley.

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, que es el tercer intento de AMLO para revertir el ‘debilitamiento’ del sistema eléctrico, propone reformar justamente los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que es donde se encuentra la regulación de las actividades del sector energético.

En caso de aprobarse en ambas cámaras del Congreso y en la mayoría de los congresos locales, no podrá ser impugnada ante el Poder Judicial de la Federación por tratarse de una reforma constitucional, pues así se estableció desde 2013 en una jurisprudencia de la SCJN.

Dado que las jurisprudencias de la Corte son obligatorias para todos los jueces y magistrados, tanto federales como locales, no hay manera de que las empresas privadas –nacionales y extranjeras– puedan ampararse, aun si consideran que resultan afectadas directamente por la reforma.

A los inversionistas extranjeros sólo les quedaría la protección que otorgan los tratados y acuerdos internacionales de los que México forma parte, como el T-MEC –con Estados Unidos y Canadá–, el TIPAT –con los países de la región Asia-Pacífico– y el TLCUEM –con la Unión Europea–, entre los más importantes.

Si la reforma no puede ser impugnada en México, el presidente ‘blindará’ jurídicamente hablando buena parte de su política energética, que implica un cambio de modelo y el regreso a una fórmula donde el Estado tiene un papel preponderante.

Dicen que la tercera es la vencida. ¿Lo será en materia energética? La reforma constitucional en discusión significa mucho para AMLO y su gobierno ‘transformador’. Podría decirse que es la ‘joya de la corona’.

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