Sobre advertencia no hay engaño. Ya se envió al Congreso la iniciativa de una de las tres reformas constitucionales que el presidente López Obrador pretende emprender durante la segunda parte de su administración.
El 1 de septiembre, en el mensaje por su Tercer Informe de Gobierno, AMLO adelantó que, en materia eléctrica, “vamos a impulsar una reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y, sobre todo, extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas”.
Además, dijo que “la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar, en los hechos, que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales”.
Ayer, un mes después del anuncio, informó que el jueves 30 de septiembre envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la CFE ante las empresas privadas.
AMLO reiteró que con esta reforma se garantiza que no habrá aumento en las tarifas eléctricas por arriba de la inflación para así mantener precios estables de la energía en México.
Según el presidente, lo que se propone “no es nacionalizar, sólo es darle su lugar a la CFE, (que) tendrá el 54 por ciento del mercado (de generación) y el 46 por ciento (será) para empresas particulares, (para) que haya una auténtica competencia, que no había porque apostaban por destruir a la CFE”.
Se infiere que si bien se permitirá la participación privada, se reducirá la competencia en la industria y el predominante será el organismo público.
La iniciativa propone una colaboración en generación eléctrica entre la CFE y el sector privado, que “se desea honesta y de buena fe, al servicio de la nación”.
Sin embargo, las actuales inversiones en generación eléctrica “legítimas” del sector privado estarán “sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE”, que se convierte en el organismo del Estado responsable de la electricidad como área estratégica.
Advierte que “la instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa, requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”.
La iniciativa prevé desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y las subsidiarias de la CFE en materia de generación.
Además, plantea que el Centro Nacional de Control de Energía, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico, pase a formar parte de la CFE.
Ayer, en la presentación de la iniciativa durante la conferencia mañanera de AMLO, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que estos reguladores, la CNH y la CRE, “habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados”.
La CRE, que regula los mercados de gas natural, gas LP, petrolíferos y electricidad, ya estaba en la mira de la 4T, pero también se propone la desaparición de la CNH, que es el organismo encargado de regular la exploración y explotación de hidrocarburos.
De desaparecer, sus funciones serán restituidas al Estado por conducto de la Secretaría de Energía.
Entre otras propuestas, la iniciativa plantea que los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, pues será el Estado el que intervenga en la exploración y producción.
“Por su importancia para la transición energética, no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios”.
En los próximos meses habrá un amplio debate sobre la iniciativa eléctrica, que al plantear reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, requiere el voto aprobatorio de dos terceras partes del Congreso.
Es sano que haya un debate técnico y sustentado sobre la propuesta del Ejecutivo, donde lo más importante debe ser la calidad de la infraestructura eléctrica, el abasto garantizado, las tarifas a los consumidores y los costos en que incurrirán las finanzas públicas por ‘rescatar’ a la CFE.