Con las últimas reformas constitucionales aprobadas por Morena y sus rémoras del PT y Verde, tal parece que la consigna es tan simple como aquel viejo refrán regional que decía “Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata”, porque la patraña de que dichas reformas son “en defensa de la soberanía” y se anulará el triunfo de quien haya ganado si existió “intervención extranjera”, en el contexto tan grave que vive el régimen es tan obvio que nadie cree eso, más bien el régimen morenista está sintiendo ya el peso del repudio por las evidencias de su colusión con el crimen organizado, la inmensa corrupción que los desborda y por supuesto, la imparable violencia e inseguridad que vivimos los mexicanos, además de una economía estancada que el propio Banco de México acaba de echar al bote de la basura las tan anunciadas expectativas de crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda, que las ubicaba en 2.8% para este año, para ponerlas en solo 1.1% y eso que no estamos ni a mitad del año, que se han acelerado en modificar la Constitución tratando de espantar con el “intervencionismo” como pretexto para asestar un golpe más en la ruta de la construcción aún mayor del autoritarismo; y si “la autoridad” que dirá si existió o no intervención para el triunfo de la oposición, serán aquellos que abiertamente son peones de Morena y que ya han sido pagados con una potencial reelección en el Tribunal Electoral. Morena tiene desde ahora ya miedo de perder las elecciones y por eso quiere arrebatar.
En este mundo globalizado, de desarrollo tecnológico, de libertades planetarias, cualquier opinión que se vierta en el extranjero y que por cualquiera de las formas se escuche, vea o lea en México a “juicio” del Tribunal Electoral podrá ser anulado ese triunfo por “intervención extranjera” y en defensa de la “soberanía nacional”. El descaro y el cinismo está ya en este nivel, pero otra lectura también es el temor que se tiene ya en la presidenta de la crisis que se vive ante la sociedad de su gobierno y la cada vez más profunda convicción social de la complicidad que tienen en Morena con los delincuentes.
La llegada de los funcionarios de la secretaría del bienestar a la dirección de Morena, aunque se sabe que es una formalidad porque el verdadero poder está en el fundador de ese partido-movimiento, pone en claro que la estrategia de movilización de cara a los procesos por venir está en el manejo de la información detallada que se tiene de los beneficiarios de los programas sociales, por lo que junto con las acciones que el crimen organizado realiza en los procesos electorales, como ya ha sido demostrado, pueden cerrar la pinza de la otra reforma aprobada, porque no basta que antes de iniciar el proceso electoral se cuente con el visto bueno de la autoridad de que los candidatos no tengan antecedentes penales o algún antecedente de dudosa legalidad, sino que ya en el proceso electoral los delincuentes pueden corromper a algunos de ellos o amenazarlos y aún más grave asesinarlos, situaciones que ya se han dado en otros procesos electorales y el año 2021 es paradigmático de ello, y como bien sabemos, desde ese año se han documentado muchos más, tanto por los medios de comunicación, como de las propias autoridades tanto judiciales como electorales, así es que ese “certificado previo de buena conducta” no tendría más que el objetivo de descalificar adversarios políticos previos al arranque del proceso electoral.
Otro refrán popular reza que “el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla”, pero es que los antecedentes de la construcción de mayorías calificadas en el régimen del obradorato han sido en base a ilegalidades que el tribunal electoral ha avalado, como la sobrerrepresentación que le hizo a la coalición gobernante para que obtuviera el 8%, no por coalición como lo establece el artículo 54 de la Constitución, sino por partido político, dándole al régimen mayorías NO ganadas en las urnas ni otorgadas por los ciudadanos, con los que justamente el obradorato ha podido modificar la Constitución, amén de votos comprados de manera abierta a cambio de impunidad o con sospechosas “ausencias “ de legisladores de la oposición como fue con la reforma judicial.
Por tanto, el fraude constitucional que el tribunal electoral ha dado al régimen desde hace ya rato, ahora con un pago por delante de sus permanencias en sus cargos como juzgadores, pues pueden hacer la “interpretación” que se les ordenen respecto a “intervenciones extranjeras” y de esa manera anular la elección de potenciales opositores a contentillo de Morena. El último clavo al ataúd de la democracia mexicana lo pondrán esos magistrados electorales, como ya lo han hecho durante el actual régimen, y Morena ante el miedo a perder el poder prefiere, con el aval del tribunal electoral, arrebatar la voluntad popular para seguir enraizando su autocracia.