La democracia mexicana es reciente y frágil. El proceso de “cartelización” de los partidos políticos, aceitado a base de la corrupción de su clase política, la debilitó al mismo tiempo que se iba cimentando, aunque parezca paradójico. El largo proceso de liberalización política conocido como “transición a la democracia” estuvo fincado siempre en la desconfianza, lo que llevó a un amplio, abultado y muy complicado andamiaje institucional y de normas por demás engorrosas, pero frente al partido hegemónico, primero, y después mayoritario, las oposiciones vendieron caro su “lealtad” para parir un sistema político democrático. A diferencia de otras experiencias de transición democrática en el mundo, la nuestra fue muy “a la mexicana”, pero sin los hombres de Estado para visualizar y conducirla estratégicamente, muy lejos de una cultura democrática y una verdadera y plena ciudadanía.
Es por ello que frente a la suma de actos in crescendo de corrupción, inseguridad, violencia, pobreza y un mediocre crecimiento económico, la narrativa de un populista ambicioso de poder a cualquier costo, hizo crisis para dar paso a su triunfo en la presidencia y de la mayoría en el Congreso por parte de su movimiento y sus aliados, los siempre oportunistas minipartidos que vivieron y siguen de ser peones del poder.
A cuatro años de un pésimo gobierno con resultados desastrosos para la población y para el país, así calificado en todas las encuestas y con un proceso de desmantelamiento del Estado, con prácticas antidemocráticas y a todas luces autócratas, mantiene aún un amplio respaldo la persona del presidente, lo que lo envalentona a ir por más destrucción, como sus ataques contra el INE y el Tribunal Electoral, pilares fundamentales de nuestra frágil democracia, pero democracia aún, y que nuevamente a la enclenque oposición partidaria la ha ganado la narrativa y además la ha hecho caer en su provocación, así como a los directivos del consejo general del INE.
Hay que ser claros, hoy no hay necesidad de una reforma política-electoral. Las elecciones federales del año pasado y locales de este verano así lo certifican. Con esas reglas del juego democrático y las instituciones (INE y Tribunal Electoral), los actores aceptaron los resultados y los ciudadanos lo avalamos. Hay más de 100 iniciativas acumuladas en el Congreso sobre este tema y nadie le había movido hasta que la propaganda y la narrativa de López Obrador la metió en la agenda. Según las encuestas más serias, los ciudadanos no saben de qué les hablan cundo dicen que hay necesidad de una “reforma electoral “y cuando se les desagrega la pregunta apoyan rotundamente al INE, por ejemplo, pero en la narrativa López ya ganó porque la reduce a que el INE es muy costoso y que sus consejeros se dan sueldos y vida de reyes a costa del dinero del pueblo. Mientras tanto, ¿qué contesta “la oposición”?… al INE no se toca y hacen comparaciones de los gastos y pérdidas de empresas mal manejadas por los líderes de Morena en el gobierno, pero cayendo en la trampa del autócrata ya que al final, hasta encuestas los consejeros del INE pagan (pésimas, por cierto, desde el punto de vista técnico y metodológico) y publican donde según esto la gente aprueba la reforma…. más estupideces no se pueden hacer.
Históricamente, la mayoría de las reformas se hicieron a solicitud de las minorías y después de un proceso electoral federal, y no desde el poder antes de iniciar un proceso electoral. Las reformas buscaron siempre ser aprobadas por consenso.
Pero como ahora ya estamos en medio de un sí o no, como reflejo mismo de la polarización, lo que queda es que luchemos para que no sea una reforma política constitucional y entonces el presidente y sus aliados (porque ni al PT ni al Verde les conviene la reforma de López) podrán hacer dos cosas: 1) reducir el presupuesto del INE y obligar a éste a hacer ajustes (que por otro lado, hay que decirlo, sí tienen margen y son además necesarias frente a ese gran elefante burocrático) y 2) hacer reformas a las leyes secundarias que sin duda traerán consecuencias, pero no de la gravedad que se pretende de parte de López Obrador, con las presiones para conseguir la complicidad del PRI por lo que sea, pero a todas luces, como precio por la impunidad para sus dirigentes. Por ello, la presión sobre los legisladores del PRI tiene que ser de NO apoyar una reforma constitucional.
El daño a la democracia ya se ha venido haciendo y más se hará, pero aún es salvable si no hay reforma constitucional. Pero si la oposición y las autoridades electorales, como el INE y el Tribunal Electoral, no ayudan haciendo también la autocrítica necesaria sobre su actuación histórica, tampoco contribuyen a salvar la democracia, y seguirán siendo justificadamente el pretexto para los ataques autocráticos y la continuación del populismo y su narrativa. La lección tiene que ser la construcción de un gran frente nacional democrático para disputar el poder al populismo en 2024 con una fuerte y decisiva participación ciudadana para emprender una ruta de salvamento de nuestra democracia, con un proyecto nacional de desarrollo que contemple expresamente la distribución de la riqueza generada con un verdadero Estado de derecho.