Quienes primero sufrieron represalias, desapariciones y arrestos en la cruel dictadura militar en Argentina, fueron los docentes universitarios en materias jurídicas y los abogados defensores.

En un momento dado, poco después de la implantación de la cruel y violenta dictadura militar en Argentina, comenzó el triste y doloroso peregrinar de los familiares de detenidos y ‘desaparecidos’ en las instalaciones militares, lo que llevó a los organismos de derechos humanos a brindar el asesoramiento que todavía suministraban los militares golpistas en sus cuarteles. Después se negaron totalmente a suministrar la mínima información sobre los detenidos y los desaparecidos.

En la cruel dictadura militar en Argentina era muy común la detención de personas por tiempo indefinido, sin formulación de cargos precisos, sin abogados defensores y sin el debido proceso legal. Siguieron detenidos por meses, sin derecho a la libertad, quedando a “Disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. A muchos jóvenes prisioneros los subieron a aviones y con las manos esposadas, los drogaban simulando que era una vacuna y los echaban al mar.

Los familiares no sabían dónde estaban detenidos sus parientes, si todavía seguían con vida y en qué condiciones los tendrían los militares. Esto era más doloroso en las mujeres embarazadas y en los ancianos.

Para los militares golpistas de nada servían los derechos de los detenidos, aún si se trataba de mujeres embarazadas. Cuando nacía la criatura, mataban a la parturienta y entregaban a las criaturitas a esposas de militares que no habían podido tener hijos.

Posteriormente, se crearían los grupos de protesta conocidos como Las Abuelas de Mayo, que llegaron a recuperar docenas de bebés que se los habían apropiado las esposas de los militares.

Las represalias más frecuentes y crueles cayeron sobre muchos abogados por la maquinaria que llevó a cabo el terrorismo militar argentino, con detenciones arbitrarias, en los años del cruel régimen de los militares.

Por ello y por su seguridad, los abogados dejaron de atender casos de secuestro de personas o encierros ilegales por los militares golpistas.

“Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”.