Citando al clásico, no se hagan bolas. Desde que se informó el 16 de julio, que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, político y empresario, fue detenido por la Fiscalía General de la República en Ensenada, muchos hacen la pregunta de si se cree o no se cree en la inocencia del también promotor del nuevo partido Somos México. Esa no es la cuestión.
Ruffo pudiera ser un abuelo ejemplar, un apóstol de la transición electoral de los 80, un activista político y, simultáneamente, un criminal huachicolero. La cosa es que, para todo lo primero, no se necesita mayor prueba –bastan testimonios–, pero para declararlo delincuente y encarcelarlo es preciso un juicio hecho y derecho. Y esto último, y no actos de fe, es lo que hay que exigir.
Hay un entrampamiento que podríamos pagar muy caro. Se sabe de gente de buena fe que se queda corta a la hora de criticar las medidas del gobierno en contra de Ruffo porque no sabe si, en una de esas, el ensenadense andaba en “malos pasos”.
Sí, son tiempos para irse con mucho tiento a la hora de poner las manos al fuego mediático por nadie. Pero lo que sabemos 12 días después de esa detención sobra para, sin arriesgar nada, exigir que ese caso se resuelva a favor de todos. Me explico.
Ruffo era investigado desde 2025 por decomisos de combustible sospechoso de ser ilegal o de no haber pagado impuestos. ¿Qué hizo? Salió pronto a decir que se ofrecía a aclarar y, según ha dicho su defensa, acudió a hacerlo.
Desde entonces, ¿se hizo ojo de hormiga, desapareció de la vida pública o andaba juido? Hay testimonios de que prácticamente siguió su vida normal, en su tierra y en el país.
Habiéndolo detenido, ¿en las diligencias se exhibieron pruebas de su culpabilidad, o siquiera de su doble vida como defraudador de la ley al tiempo que presentable opositor; de una súbita fortuna digna de Tony Montana; de ser un capo? La verdad es que la ciudadanía no lo sabe. Porque una cosa es lo que dice la fiscal Ernestina Godoy y otra lo que sostiene la defensa de Ruffo. Y no se trata de creer sin ver.
Finalmente, del uno al 10, ¿cuán demócrata es que la jefa del Estado se pronuncie sobre la detención de un ciudadano –que diga que hay “muchísimas pruebas”– en diligencia ministerial que resultó tan vistosa como sorpresiva, que coincide con escándalos de políticos cercanos a la jefa de ese Estado y con la ausencia de trato similar sobre denuncias de gobernantes de su movimiento?
Recapitulando. Quítenle el nombre de Ruffo, también olviden aquello de que fue el primero que logró que el PRI aceptara su triunfo estatal; pasen por alto si apoya a la marea rosa hecha partido… hecho todo eso, la pregunta aquí es:
¿Se puede tener a un septuagenario –sin fama o antecedente de peligrosidad, que se ofreció a declarar cuando una entidad mercantil en la que es socio se vio involucrada en un presunto delito, y que habría cumplido su promesa de comparecer al respecto– en una cárcel de alta peligrosidad, a más de tres mil kilómetros de su casa, luego de audiencias judiciales sin acceso a prensa y familia, mientras los morenistas son intocables?
Esa es la cuestión. Sin un juicio de acceso público, gente de buena fe seguirá preguntándose lo incorrecto. Y esa desconfianza en el otro la explotará el poder para avasallar. Porque no se trata de lo que creamos, sino de lo que el gobierno demuestre al acusar a cualquiera.
Ah, y por cierto: dejen de decirle “justicia selectiva” a esta chicanada. La justicia o es pareja, o no es justicia.