La Feria

La perversa cláusula soberanista

Evolucione como evolucione, la acusación en el Distrito Sur de Nueva York podrá ser el ardid al que Morena recurra si ve en riesgo el retener, para empezar, Sinaloa.

Falta un año y días para la elección del próximo gobernador(a) de Sinaloa. O sea, nada. Y por ello, quien desee competir o cuenta con apoyos clave, o posee un arrastre que le garantizaría que un partido le haga candidato. Lo que ya sabemos es quién no va a perder.

El partido que gobierna (es un decir) Sinaloa recibió un golpazo en abril. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York se acusó a finales de ese mes al gobernador, al exsecretario de Gobierno y hoy senador, al exjefe de Finanzas, al alcalde de la capital, y a mandos de seguridad, incluido un general en retiro, de haber operado para narcotraficantes. La acusación incluye solicitud de extradición.

Como se sabe, desde entonces y no sin resistencia, el gobernador Rubén Rocha solicitó licencia; también el alcalde de Culiacán; el general exjefe de seguridad se entregó en Arizona y se da por entregado a los estadounidenses, así no aparezca por ningún lado, a quien por casi un trienio llevó las finanzas del gobierno estatal. Y mientras, la presidenta Sheinbaum demanda pruebas a EU.

¿Quién puede apostar un peso a que la Fiscalía General de la República sí investigará a Rocha, al senador Enrique Inzunza y a los otros ocho señalados en Nueva York? Quien lo haga, pasa por alto que la credibilidad de esta FGR no da para apostarle ni un triste peso.

Lo que en cambio es una realidad es que –suceda lo que suceda en el plano jurídico, tanto en Estados Unidos como en el muy remoto escenario de una genuina pesquisa de la FGR vs. Rocha et al– la marca Morena en Sinaloa trae un golpe de esos de pérdida total.

¿Quién chocó a Morena? Ellos mismos. Porque antes de que EU definiera al actual gobernador, al senador que encima fue titular del Poder Judicial local, y a un exsecretario de Finanzas con ligas con la familia de Rocha, Sinaloa ya arrastraba la penuria de un gobierno disfuncional, graves señalamientos de comicios en 2021 marcados por intromisión del narco y una sangrienta guerra. El estado hacía agua.

¿Si Washington no hubiera lanzado su solicitud de captura en contra de “los diez de Sinaloa”, Morena se perfilaba a encajar en 2027 una derrota que le costara la gubernatura? No era ese necesariamente el escenario más cantado. Prueba de ello es que, tras difundirse la acusación formal contra Rocha y colaboradores, la oposición culichi recobró el ánimo en la voz que no se le había escuchado en años.

El problema es que en eso llegó la bola rápida que desde ayer se discute en el Congreso. En cuestión de horas, ni siquiera de días, las cámaras federales y locales han de aprobar la cláusula soberanista que permitirá anular elecciones por presunta injerencia extranjera.

Y como según eso es una contradicción ontológica que Morena vaya a operar siguiendo dictados de entes foráneos, los únicos a quienes está dedicada esa reforma constitucional que incorporará una nueva causal de nulidad electoral es a los opositores. Como en Sinaloa.

Falta un año y la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene a mano el recurso para impedir una competencia equitativa con un resultado incierto, que solo dependa de la voluntad popular, en las elecciones de Sinaloa. Metió a la baraja un gran comodín que solo ella puede usar.

Evolucione como evolucione, la acusación en el Distrito Sur de Nueva York podrá ser el ardid al que Morena recurra si ve en riesgo el retener, para empezar, Sinaloa. Si no pueden ganar, impedirán el triunfo opositor. Un patriotismo muy, muy perverso.

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