Desde que surgió hace una semana la noticia de la solicitud de extradición de “los diez de Sinaloa” por parte de Estados Unidos, el gobierno de México ha mostrado diversas carencias. El balance preliminar de estas retrata a una presidenta sin control de la crisis.
Para empezar, Claudia Sheinbaum no controla la narrativa. Desde el día uno, el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha, lejos de hacer mutis, fue vocal sobre su presunta inocencia y tranquilidad. Incluso llegó a usar el nombre de la presidenta para justificar su ecuanimidad.
Dijo que habían hablado y que la mandataria le había dado motivos para sentir sosiego en medio del torbellino por una noticia nunca antes vista: el pedimento de Washington de un gobernador en funciones y de nueve de sus amigos y/o funcionarios.
A lo anterior hay que agregar que, hasta la hora de redactar esta columna (mediodía del martes), el senador Enrique Inzunza estaba renuente a dar cualquier indicio de solicitar licencia y que, por el contrario, se mantenía desafiante al argumentar su inocencia.
De tal forma que la Presidencia de la República no tiene control de lo que dicen o hacen los señalados, que forman parte de su movimiento y que de ninguna manera, sutil o flagrante, han sido desautorizados por Sheinbaum. Ella no tiene el monopolio narrativo de esta crisis.
El control político de Sinaloa tampoco está en manos de la titular del Ejecutivo federal. En el cargo de gobernadora sustituta ha quedado una persona sin trayectoria ni peso político alguno, un perfil que es subsidiado por sus anteriores jefes: Rubén Rocha y Enrique Inzunza.
En estrictos términos de gobernabilidad, resulta desconcertante que la presidenta no se imponga para que, desde el minuto uno en que con nocturnidad Rocha presentó su licencia, quedara al frente un cuadro, mujer u hombre, de mediana capacidad y evidente autonomía.
Por tanto, la licencia temporal solicitada por Rocha ni despresurizó el ambiente, podrido por la inoperancia del mandatario que llegó al poder bajo la sospecha de la operación electoral del crimen organizado en 2021, ni marcó el inicio de algo nuevo. Sinaloa, condenada a un limbo.
La pregunta obligada es: ¿a Claudia no le alcanza para poner, a un año de las elecciones y poco más del cambio de gobierno en Sinaloa, un equipo eficiente y limpio? ¿No puede o no quiere? ¿O ambas? Rocha gobierna (es un decir, como también antes fue un decir).
Y, por si hiciera falta recordarlo, la presidenta, que ha enviado una decena de miles de soldados a esa entidad, no controla la seguridad de Sinaloa. Para no ir más lejos, la presencia del gabinete de seguridad el lunes no espantó a los criminales, que ese día provocaron la muerte de una mujer tras prender fuego a un casino (el primer homicidio de este tipo, que hace evocar la terrible memoria del casino Royale, Monterrey 2011).
En palabras del lunes de Adrián López, director de Noroeste: “Mientras Estados Unidos acusa a Rocha y Los Chapitos cooperan allá para lograr mejores acuerdos de culpabilidad, acá en Sinaloa la guerra sigue. La semana pasada hubo 44 muertes violentas, 38% más que la semana anterior y, de hecho, los homicidios han retomado su tendencia ascendente. Mayo arranca, además, sumamente violento con 19 homicidios en solo tres días. Tan solo ayer y a pesar del enorme despliegue militar, tres hombres fueron asesinados en una plaza del sector Tres Ríos”.
¿Y qué decir de la falta de control de la presidenta si uno de los diez de Sinaloa reclamados en una Corte Federal de Nueva York, Dámaso Castro, hasta ayer seguía en su puesto de vicefiscal del estado?
Finalmente, ¿la presidenta no ha dado pistas de tener una clara estrategia jurídica –envolverse en la bandera no está en las leyes– para investigar y, en su caso, juzgar en México a “los diez de Sinaloa” y así resistir con solvencia al injerencista Trump?