En sendos artículos dominicales Jorge Zepeda (https://www.sinembargo.mx/06-11-2022/4280012) y Hernán Gómez (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hernan-gomez-bruera/la-reforma-electoral-y-el-dialogo-de-sordos) destacan que dos bandos están enfrascados en la disputa política por una reforma electoral, y que estos incurren en excesos al regatear al contrario pertinencia en sus propuestas. Ambos articulistas, empero, incurren en una carencia.
Zepeda y Gómez plantean la cuestión de la reforma electoral sin el contexto necesario. Reducen el tema a una pugna de grupos antagónicos (el gobierno, por un lado, opositores a éste por el otro) que en su cerrazón alimentan la polarización.
¿Qué no abordan en sus entregas dominicales nuestros autores? La historia de casi medio siglo de reformas electorales, el récord legislativo del régimen y la responsabilidad que toca a cada “bando”.
Cualquiera coincide con Zepeda y Gómez en que nuestro sistema electoral no es el horror que dice Andrés Manuel, y también en que –contrario a lo que expresan opositores del tabasqueño– debe estar abierta la posibilidad de tocar al Instituto Nacional Electoral, de reformarlo. Hasta ahí, todo bien. El problema está en lo que no agregan.
Si la actual manera de llevar a cabo los comicios en México es mejorable, esas eventuales mejoras deberían abrevar de lo que se ha aprendido de 45 años de reformas políticas: los avances se lograron gracias a negociaciones donde a todas las fuerzas les ha tocado ceder algo.
El gobierno de López Obrador no ha planteado un proceso de negociaciones. Vapulea con regularidad al Instituto Nacional Electoral. Y lo mismo hace con quienes defienden al INE. El punto de partida gubernamental está lejos, pues, de ser uno de apertura, de tratar de “rescatar lo bueno” del modelo actual, de pretender corregir sin inquina supuestos excesos o dispendios electorales (aceptando sin conceder el argumento de que nuestro sistema es carísimo).
Así que la iniciativa de AMLO no se plantea ser parte de la cauda reformadora que, sólo para recordarlo, permitió las alternancias y que fuerzas de todo el espectro político, en menos de dos décadas, ganaran la presidencia de la República. Eso por lo que toca a la historia.
En cuanto al récord de Palacio Nacional, que Gómez y Zepeda tampoco abordan, baste decir que en este sexenio se ha vuelto famoso el mayoriteo del oficialismo legislativo que, sin rubor, hizo suya la instrucción presidencial de no mover siquiera “una coma”. Y ni cómo tomar por buenas las intenciones del Ejecutivo, que cuando no puede convencer perdona a Alito y así obliga al PRI a aprobar sus iniciativas. Así “negocia” AMLO.
Y, finalmente, el asunto de la responsabilidad que le toca a cada bando. Zepeda y Gómez nos entregan textos en los pasan por alto que uno de los actores en esta disputa política –el presidente de la República, ni más ni menos– tiene la obligación legal de ver por el todo, no sólo por lo que conviene a su movimiento.
Poner el choque de bandos como si éste ocurriera en igualdad de fuerzas es inexacto. No sólo porque el Presidente dispone de recursos del Estado para promover su iniciativa sin abrirse a la posibilidad de negociar –¿simularán desde el oficialismo otro Parlamento abierto para luego no hacer el menor de los casos a los disensos ahí expresados?–, sino porque el mandatario tiene la responsabilidad de buscar la concordia, no la polarización, el acuerdo, no el pleito. Claro, no lo hace desde el día dos de su sexenio, pero no deberíamos normalizar tal conducta.
Veamos la historia de las reformas y el récord del gobierno, y cuestionemos eso de que la reforma enfrenta a “dos bandos polarizadores”.