La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado a andar el proceso para designar a la consejera de la Judicatura que ha de sustituir a José Antonio Cruz Ramos, quien en noviembre concluyó su cargo en ese cuerpo que gobierna al Poder Judicial.
Las y los ministros podrían anotarse un gol si se deciden a transparentar su selección, para lo cual falta muy poco, pero no parecen aún decididos a dar ese paso.
El pleno de la Corte publicó el 15 de febrero pasado el acuerdo general 1/2022, que detalla la mecánica para elegir a la nueva consejera de la Judicatura. Y la primera determinación es que ha de ser mujer.
Sólo magistradas de circuito se pueden postular, y deben contar con una trayectoria académica en docencia e investigación jurídica, gozar de reconocimiento en el ámbito judicial, y tener conocimientos y habilidades administrativas.
El plazo para inscribirse cerró el 7 de marzo de 2022. Además de la documentación que demuestre su elegibilidad y diferentes comprobantes de su récord en los respectivos tribunales de circuito, las magistradas candidatas “deberán presentar además -dice el acuerdo- dos escritos; uno referente a cuál es, según su criterio, el perfil que debe reunir una persona integrante del Consejo de la Judicatura Federal, así como su visión y propósitos en caso de llegar a serlo; y el segundo consistirá en un plan de trabajo”.
Y justo en esa parte es donde las ministras y los ministros se quedaron cortos en el tema de plena transparencia. Porque si bien la lista de todas las candidatas que hayan reunido los requisitos se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en algunos medios, al proceso de selección le falta transparencia en una parte sustancial.
De esa lista, según el acuerdo, el pleno de la Corte en sesión pública y por medio de voto secreto determinará a las tres candidatas finalistas: habiendo evaluado los perfiles, cada ministra y ministro propondrá en sobre cerrado una terna, y aquéllas que tengan más menciones serán citadas a comparecer para la decisión final.
El procedimiento ha provocado algunas inquietudes, tan es así que el 25 de febrero la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación publicó en sus redes sociales (@jufed_org) un comunicado en el que llama a la Corte a que la “designación derive de un proceso transparente, debidamente fundado y motivado, ajeno a injerencias de cualquier índole, ya sean internas o externas; en el cual de las aspirantes sólo se ponderen sus méritos y experiencia”.
La pregunta que ha surgido es por qué la Corte no se decide a publicar el plan de trabajo de todas y cada una de las magistradas que resulten aceptadas en primera instancia.
Tan sencillo paso, no contemplado en el acuerdo del 15 de febrero, ayudaría a evaluar públicamente quiénes tienen más clara la ruta de los pendientes de la Judicatura, y por tanto la pertinencia de que esas candidatas sean debidamente consideradas.
Con la suma de esos escritos, además, la sociedad tendría una inmejorable radiografía de la Judicatura, elaborada por quienes ésta gobierna. Sería muy interesante saber si nepotismo y corrupción siguen preocupando a las candidatas. O si hay otras agendas urgentes para mejorar el Poder Judicial de las que la sociedad deba ser alertada.
Nada le cuesta a la Corte abrir esos planes de trabajo. Y el debate público se enriquecería. Veremos si dan el paso las ministras y los ministros que iniciaron la semana con aplausos por el caso Gertz vs. Cuevas.