El nombramiento de Adán Augusto López Hernández, en agosto pasado, generó la expectativa de que el gabinete de López Obrador contaría por fin con un secretario de Gobernación que abriera canales de diálogo y negociación.
Desde entonces hay testimonios de que el exgobernador de Tabasco es, en efecto, un interlocutor con actores incluso fuera de Morena, pero ¿sus negociaciones llegan a buen puerto?, ¿sus esfuerzos trascienden?, ¿lo que con él se intenta pactar tiene alguna viabilidad?
El choque que hay entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral da cuenta de que las intenciones de Adán Augusto se quedan en eso, pues en otro lado –ya sabemos dónde– le enmiendan la plana al punto de dejarlo mal parado.
La cronología del encontronazo Ejecutivo-INE tuvo ayer otro capítulo: el gobierno federal violenta la autonomía del órgano electoral al pretender, así sea ‘respetuosamente’, imponerle recortes o decisiones presupuestales.
Pero con la exposición realizada este jueves por funcionarios de Hacienda en Palacio Nacional se pone además en entredicho que lo que López Hernández negocia tenga viabilidad: ayer él encabezó el embate a pesar de haber sostenido en las últimas semanas dos rondas de contactos con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para dotar de recursos la revocación del mandato.
La primera vez que Adán Augusto y Lorenzo dialogaron sobre cómo encontrarle cuadratura al presupuesto para el ejercicio que quiere López Obrador, fue luego de que el 8 de noviembre en la Cámara de Diputados se conociera que el dictamen de la Comisión de Presupuesto contemplaba un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al dinero solicitado por el INE para 2022. En otras palabras, sólo tendrían 830 millones de pesos para revocación y para, si el Ejecutivo así lo solicitaba, alguna otra consulta popular.
Cordial, amable, atento, serio son los adjetivos sobre cómo es la actitud del secretario de Gobernación en sus negociaciones. En esas charlas telefónicas entre Bucareli y el INE se hablaba de que a éste se le dieran 2 mil millones de pesos más para organizar la revocación.
Ese diálogo se vio abruptamente interrumpido cuando, a pesar de lo que se le había explicado sobre cómo funciona presupuestalmente el INE, Adán Augusto hizo suya la ‘idea’ del diputado Ignacio Mier, quien el 9 de noviembre dijo que los consejeros podrían usar 2 mil 500 millones de pesos que, aseguraba el legislador, tenían en fideicomisos: en una mañanera el secretario de Gobernación, sin buscar antes al INE para aclarar si tales montos existían o era posible utilizarlos, secundó la propuesta del líder de la bancada de Morena.
De ahí a la fecha ocurrió lo que se sabe: sin escuchar razones, el 14 de noviembre la aplanadora del Presidente en San Lázaro sacó el presupuesto, y el 10 de diciembre el INE ajustó sus partidas. Un día después, en la idea de que había todavía una ventana para negociar, Córdova y López Hernández se vieron en Bucareli. Hablaron de explorar si Hacienda podría proveer más recursos, luego de que el instituto ya había reasignado otros 700 millones para la revocación.
Sin señal de recursos a la vista, después el Consejo General del INE tomó, por votación dividida, la decisión de posponer la revocación, cosa que llevó las cosas a un nivel, por lo que se vio ayer en Palacio, sin retorno.
El secretario de Gobernación, que llegó con augurios para una nueva interlocución y abrir espacios de negociación, es –a pesar de haber sostenido diálogos con el INE– la nueva punta de lanza de la ofensiva contra el órgano electoral. Para que le vayan midiendo.