HR Ratings recortó la calificación crediticia de la deuda mexicana. La baja trayectoria del crecimiento continuará presionando el endeudamiento. Si bien reconoció el esfuerzo de la SHCP por contener el déficit público mediante la recaudación tributaria, señaló que los subsidios a PEMEX continuarán para reducir su deuda bruta. Sin embargo, aun si logra un superávit, se mantendrán los apoyos del gobierno.
Este panorama ofrece cierta estabilidad, pero no apunta a una mejora de la economía. En efecto, PEMEX es una carga para las finanzas públicas. La legislación que la mantiene como empresa del Estado inhibe las coinversiones para la exploración y explotación de nuestra plataforma petrolera. Mantener este esquema ideológico, sin ningún sustento que realmente apoye a PEMEX, es necesariamente mortal.
Para reducir el déficit público hay varios caminos: cancelar el Tren Transístmico; quitar los subsidios al Tren Maya, que quizá quiebre, al AIFA, a Mexicana de Aviación y a Dos Bocas. Son medidas que no impactarían a la sociedad y sí fortalecerían el erario. No se trata de servicios que aporten algo a la economía, al turismo o a los negocios. Son miles de millones de pesos que no tienen ningún provecho para la población.
Otros rubros que podrían atraer inversiones a México en minería, transporte, turismo, producción digital y otras nuevas cadenas productivas sería recuperar la independencia judicial, para dar certeza a quienes vean a México como una opción en los mercados globales.
Ninguna de estas medidas se ha contemplado, porque sería reconocer el fracaso de las obras emblemáticas del obradorismo, que la Presidente defiende. Así, con lenguaje populista y poca responsabilidad, se deterioran el país y sus sectores productivos. No hay inversión en infraestructura. El Plan México no arranca.
Tampoco se ha querido proponer una reforma fiscal progresiva. Los impuestos elevan sus tasas por la puerta de atrás, mediante medidas legales dirigidas a ciertos grupos. El SAT se ha vuelto más eficiente.
Pero sin dinero se acaba el poder. Así que ahora se les ocurrió generar ingresos fiscales mediante la modernización del catastro a precios comerciales y la digitalización del Registro Público de la Propiedad. De esta manera, se eleva el predial, incluso sin modificar la tasa. Además, estos recursos entrarían a fideicomisos públicos, no a los estados, municipios o alcaldías, en contra del federalismo fiscal y sin posibilidades de que la SCJN se pronuncie a favor de los afectados.
Son tres golpes los que nos esperan.
El primero es el nuevo catastro y el Registro Público de la Propiedad digitalizado, que fijarán nuevos precios a la tierra, más próximos a su valor comercial. Esto se aplicaría a nivel nacional y lo mismo afectaría a las grandes ciudades que a los poblados o zonas suburbanas. Sería el gobierno federal el que decidiría los precios y si se aplica algún subsidio o tarifa especial, ya no los gobiernos locales.
El segundo golpe es el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se apoyará en la modernización del catastro para elevar el predial. Pero aquí se atribuye facultades sobre la propiedad privada sin bases legales sólidas.
Obliga a la subasta pública, donde gana el mejor postor, sin importar el valor real del predio, si se trata de un baldío y no se construye en un plazo de dos a cuatro años. También busca subastar los predios «subutilizados», es decir, aquellos en los que, con la modernización catastral, el valor de la tierra exceda en más de 50 por ciento al de la construcción que se encuentra en ella.
En otras palabras, las casas heredadas por generaciones que han perdido valor, pese a su mantenimiento, podrían ser subastadas al mejor postor. Lo mismo ocurriría con pequeñas construcciones rurales en terrenos amplios, que también quedarían dentro de este supuesto.
No solo eso: se crea el concepto de uso de tierra «flotante», que se otorga a un desarrollador para un proyecto aunque no tenga tierra, y que puede aplicar cuando la adquiera, sin importar las regulaciones locales.
El tercer golpe es la toma de la Ciudad de México, aunque se pierdan elecciones. Se aprobó, sin seguir los pasos establecidos en el mandato constitucional, un Plan General de Desarrollo que crea Casas de Gobierno a nivel constitucional y les otorga facultades para administrar la ciudad, los servicios públicos, las licencias, los permisos, las negociaciones y el reparto de apoyos sociales.
Se acaban los presupuestos participativos y la ciudad se administra por polígonos, que pueden abarcar una o varias alcaldías. También se cambia la ley de participación ciudadana. Ya no se elegirán representantes de colonia por el IECM; desaparecen los COPACO y se sustituyen por Asambleas Vecinales Permanentes.
Estas asambleas tendrán la facultad de autorizar todo tipo de proyectos o usos de suelo a mano alzada, sin que se estudien y justifiquen las viabilidades legal, ambiental, financiera y social. Sus decisiones serán vinculantes; es decir, tendrán fuerza obligatoria.
El uso de suelo cambia a mixto, una modalidad que permite construir de todo en toda la ciudad. El Plan no tiene mapa de riesgos, no resuelve la movilidad ni contempla construir nuevas líneas del Metro. Tampoco hay un plan hídrico y, además, busca desincorporar predios agrarios con vocación urbana. Por eso no consultaron a las zonas rurales de la CDMX.
¿Cómo les quedó el ojo? Más dinero, más concentración del poder, menos ciudadanía y menos gobiernos plurales. Van sobre nuestro patrimonio familiar. Tienen las mayorías legislativas para hacerlo y todavía les quedan cuatro años para avanzar en otras zonas metropolitanas.
La sobrerrepresentación espuria que les concedió el TEPJF nos pone en este camino. Ahora resulta que no solo tienen el control del INE, sino que también se otorgan contratos a los amigos y socios de Taddei y se pagan sueldos según la cercanía, no las funciones.
¿Cómo una mujer deshonesta puede ser salvaguarda de un proceso electoral federal transparente y confiable?
¿Qué hacer? Participar en las consultas que aún se realizan sobre el Programa de Ordenación y, desde luego, ir preparando la resistencia civil. Votar rosa en 2027, es decir, por cualquier partido opositor, excluido MC, que es aliado de Morena. No veo otro camino.