En 2024, la elección en la Ciudad de México quedó 50/49 y se aplicó la sobrerrepresentación, por lo cual el Congreso tiene mayoría morenista con sus aliados. Y ante el miedo de perder la ciudad capital, Morena y Clara Brugada empujan un nuevo Plan General de Desarrollo para centralizar recursos y ejercicio de gobierno.
¿Usted sabía que se aplica la afirmativa ficta si en seis meses no se dictamina el Plan en el Congreso? ¿Ya se enteró de que se va a cambiar el uso de suelo en toda la ciudad por un uso de suelo mixto, con lo cual se puede construir en toda la ciudad?
¿Sabe que se crearán casas de gobierno con nivel constitucional, que serán las que emitan licencias, vean permisos y uso de suelo, repartan ayudas sociales, supervisen y atiendan los servicios públicos? ¿Y que para ello se utilizarán los recursos destinados a las alcaldías?
¿Sabe usted que cambiará la ley de representación vecinal para transitar de los electos en procesos donde interviene el IECM por asambleas vecinales que tomarán decisiones a mano alzada? ¿Sabe que el Plan tendrá una vigencia de 20 años?
¿Sabe que no importa quién gane o pierda en la elección de una Alcaldía, porque la Jefatura de Gobierno tomará todas las decisiones a través de las casas de gobierno?
Si ya Martí Batres hizo intentos por acabar con la propiedad privada cuando fue encargado de la Jefatura, hoy el PGD es mucho más ambicioso.
El Plan no contempla un mapa de riesgos. Enuncia los problemas de la ciudad, pero no sus soluciones en movilidad, como construir más Metro; tampoco aborda de manera suficiente el agua, el desarrollo económico o la protección de las áreas naturales de reserva.
Se centra en el uso comercial del suelo y en la búsqueda de generar polos de desarrollo, que seguramente implicarán expropiaciones. Falta que se regulen estos aspectos en las leyes secundarias.
La Constitución de la CDMX establece el marco de la planeación y la hace participativa. Incluye a todos los sectores: académico, cultural y social, así como a las Alcaldías y los vecinos.
Crea el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con autonomía técnica y de gestión, encabezado por la morenista Patricia Ramírez Kuri. Establece que el IPDP debe hacer un primer proyecto, someterlo a consulta, incorporar observaciones y entonces enviarlo al Congreso.
Pero los pueblos originarios no fueron consultados, tampoco los urbanistas, las universidades ni los Copacos, y se simuló un proceso del que ya hemos pedido cuentas a los diputados.
La Secretaría del Bienestar señala que se aplicaron cuestionarios a alumnos de primaria y secundaria. Se creó la plataforma PLAZA PÚBLICA CDMX y se dice que se recibieron 13 mil propuestas, pero desconocemos su contenido y su consideración.
¿A quién se consultó? ¿Qué propusieron? ¿Qué se aceptó o rechazó y por qué? ¿Y dónde está el documento que la ley señala que debe recoger los resultados de las consultas?
Silencio total.
Pero si esto se ve complicado, el gobierno federal, a través de la SEDATU, lanzó ya la consulta para el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana, que incluye alcaldías de la CDMX, municipios del Estado de México, de Hidalgo y uno de Morelos.
La idea es crear un sistema de control del Valle de México, subir el predial a valor comercial y crear un gravamen al desperdicio urbano. Este aplicaría como contribución extrafiscal que iría a un fideicomiso.
Si hay terrenos baldíos o subutilizados, se debe construir en dos a cuatro años o serán rematados públicamente. Como además se revalora el uso del suelo, si tu casa es vieja y el terreno vale más del 50% de tu construcción, entonces está subutilizado y puede ser rematado.
Se impulsa la construcción de vivienda en renta, propiedad o usufructo, pero administrada por organismos públicos.
Se crea la figura de zonificación flotante, donde el uso de suelo se otorga a proyectos que no tienen terreno, pero que, al adquirirlo, lo pueden utilizar sin intromisión de autoridades o vecinos.
Habrá, desde luego, un aumento del impuesto predial a valor comercial que no irá a municipios ni alcaldías, sino a un fideicomiso público.
Se trata de desincorporar suelo de los ejidos y comunidades que ya puede tener uso urbano, a través de inmobiliarias del Estado, para construir vivienda, comercio y otros servicios.
Es decir, el Gobierno toma el control de todo el Valle de México, más allá de las autoridades electas.
Aun así, tu voto puede cambiarlo todo si logramos recuperar el Congreso de la Ciudad y el Congreso de la Unión.
Porque si esta toma del gobierno tiene éxito en la zona metropolitana, muy pronto se va a reproducir en las zonas urbanas del país: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, Juárez, La Laguna, y así iremos perdiendo los ciudadanos nuestros derechos a participar de la vida de nuestras comunidades.