Desde que se publicó la nueva Ley de Telecomunicaciones, por fin la población y los medios se han dado cuenta de la perversidad que busca acabar con la libertad de expresión. Es una ley para controlar las noticias con el pretexto de defender a las audiencias. Yo, como audiencia, no necesito que el gobierno tutele mis derechos y me diga qué puedo o no leer, de qué puedo o no enterarme.
Se establece una autoridad reguladora de los medios con facultades para determinar qué contenidos pueden difundirse y cuáles no, bajo criterios que le permitirían calificar la información como falsa o verdadera. Se prohíbe a los periodistas cubrir hechos delictivos que sucedan en el momento. Ellos se exponen para cubrir una nota y, en lugar de cuidar su labor y su vida, los políticos solo quieren cuidar sus espaldas.
Se establece que cada medio debe elaborar un código de ética, sujeto a los lineamientos de la autoridad reguladora. Cada medio deberá nombrar un defensor de las audiencias, encargado de decidir si las noticias son o no verdaderas y si deben transmitirse. Su criterio no será apelable, siempre que se apegue al código de ética, restrictivo por su origen.
Pide que se distinga lo que es noticia de lo que es opinión. O sea, adiós Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Sergio Sarmiento, mi querido Brozo, Código Magenta, Chumel Torres y tantos más que, además de informar, comentan y critican noticias.
Dañan las finanzas de los medios al pedir que se distinga lo que es publicidad de lo que es contenido y establecen límites a la transmisión de mensajes publicitarios. Crean nuevas concesiones de radio social sin pago de contraprestación y con recursos públicos, para generar competencia desleal. Tendremos nuevos canales que difundan la narrativa oficial.
Hay un gran acoso judicial contra medios y personas. Se realizan auditorías a medios al mismo tiempo, tomando instalaciones tanto de Reforma como de TV Azteca. El mensaje es acallar a los medios. La CIRT considera esta ley una regresión democrática. Se convoca a una consulta de un mes, pero la decisión está tomada por una pseudoizquierda que no ha logrado controlar a los medios para ejercer a plenitud su autoritarismo. No le gustan los contrapesos y éste aún sigue vivo. Las multas están al margen de la ley.
No conformes con censurar a la radio y la televisión, ahora van por las redes y la prensa. Recordemos el caso de Karla Estrella, avasallada por emitir una opinión personal sobre el favoritismo hacia Diana K. Barrera, esposa del impresentable diputado Sergio Gutiérrez Luna. El escándalo del “dato protegido” ayudó a frenar la censura. Pero la prensa escrita ya no tendrá la libertad de realizar entrevistas, reportajes o periodismo de investigación, pues la ley no permitirá difundir información o contenidos que la autoridad considere falsos. Artículo 19 ya se pronunció contra esta regulación, un tema internacional que hoy se estudia para resolver sobre la información que circula en las redes.
Las controversias entre gobiernos y concesionarios estarán sujetas a tribunales especializados. Ya sabemos cómo está actuando el Poder Judicial. No hay defensa. La Agencia podrá, además, realizar requisas de los medios de comunicación. Por su parte, la Comisión podrá expedir lineamientos para reordenar, retirar o soterrar la infraestructura de telecomunicaciones, a los que deberá sujetarse el concesionario. También podrá fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento y prórroga de las concesiones, establecer las tarifas de interconexión y resolver el cambio o rescate de bandas de frecuencia.
Los concesionarios deberán informar del control accionario de la empresa a partir de un cinco por ciento y deberán contar con autorización de la Comisión para incorporar nuevos socios.
Se establecen las defensorías de las audiencias conforme a los lineamientos de la Comisión, no a los nuestros. Éstas recibirán quejas o sugerencias, las revisarán con el área respectiva, informarán al quejoso y establecerán la acción correctiva necesaria. Las multas se impondrán a criterio de la Comisión y serán ejecutadas por el SAT. Las vías de impugnación las resolverán los tribunales del Poder Judicial Federal. O sea, no hay defensa.
Si esto no es censura, ¿qué sí lo es? Nos despojan de nuestros derechos a la información y a la libertad de pensamiento. Buscan controlar el espectro informativo antes de que se conozcan las revelaciones bomba sobre el narcotráfico que, según el gobierno de Estados Unidos, están por hacerse públicas. Entramos a una nueva etapa de autoritarismo con la falta de información, de crítica, de pluralidad y de libertad de expresión en todas sus modalidades.