Los mexicanos estamos hartos de ver el dispendio de servidores públicos y legisladores. Viajes por el mundo, ropas de marca, joyas, autos, relojes de lujo, casas y departamentos en zonas residenciales de alta plusvalía, fotos para presumir en redes sociales, concurso de a ver quién tiene más poder y riqueza.
La Presidente Sheinbaum critica el exhibicionismo, pero no inicia investigación alguna contra Adán Augusto López, ni contra Lord Relojes, ni contra Andy San, ni contra Fernández Noroña, ni contra cientos de personajes que desoyen la justa medianía. Luisa María Alcalde dice que lo pagan con sus propios recursos. Sus sueldos no alcanzan para tanto desplante de lujos, luego entonces ¿de dónde provienen los recursos? No se investiga, se ocultan esos orígenes. Nos habla de moralidad y ética, cuando su vida personal no se caracteriza por valores.
Por eso, muchos creen que, en efecto, volverse de la 4T es un pasaporte al bienestar. Cierto que se ha logrado sacar de la pobreza a 13.4 millones de personas. No ha sido el empleo remunerador el motor de este avance. Pero sí el aumento al salario mínimo y las ayudas sociales que el gobierno ha otorgado. Muchas familias ya no trabajan, viven de las dádivas. Los padres con las becas de 60 y más, la hija con la de madre soltera, el hijo con nini o construyendo el futuro o beca de estudiante, el niño con beca escolar. El ingreso familiar se incrementó y también la masa monetaria a nivel nacional.
Con crecimiento cero de la economía, con inflación, sin reforma fiscal, ¿cuánto tiempo podrá el gobierno mantener este ritmo de crecimiento de ayudas? Si los fondos no han sido útiles para aprender un oficio o alguna forma de ganarse la vida, en qué terminará el posible colapso. El tema desde luego preocupa al gobierno y de ahí que ha tomado la decisión de impulsar leyes restrictivas de derechos humanos para acallar a las oposiciones. Controlar a la población con la CURP obligatoria. Limitar la libertad de expresión, legalizar la censura, realizar algunos operativos contra delincuencia, fortalecer la militarización, centralizar el poder y acabar con la certeza jurídica, son algunos de los pasos para prevenir protestas sociales.
En este entorno se enmarca la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, que nunca ganó una elección, que se benefició de la representación plurinominal y la impulsó, así como del financiamiento público a los partidos. Hoy destruirá los avances de los acuerdos partidistas, porque tiene la fuerza. Y el discurso es absolutamente falso. Las elecciones no son costosas. Más costoso es no tenerlas. Pero analicemos números.
Para 2025 el presupuesto ascendió a 19 mil 645 millones de pesos, incluida la elección judicial que ejerció 8 mil millones. A los partidos se les destinó 7 mil millones únicamente. O sea que con todo y elección judicial el gasto asciende a 27 mil 645 millones de pesos. En tanto el AIFA costó más de 75 mil millones de pesos y opera con subsidios por 658 millones de pesos en seis meses en 2024. Pidió 924 millones para operar en 2025. El Tren Maya costó más de 500 mil millones de pesos y aún no se concluye. Opera con subsidio por 3,500 millones de pesos, solo genera 137 millones de ingresos. Dos Bocas asciende a 20 mil millones de pesos en su construcción, que aún no concluye. Una de las más caras del mundo. Y el subsidio a gasolinas asciende a 47 mil millones de pesos. Es decir, la refinería no aporta nada significativo en producción.
Si hablamos de la cancelación de NAICM, costó 331 mil millones de pesos y nos dejó una deuda de 450 mil millones de pesos que pagamos con el TUA y no tendremos aeropuerto. Y si analizamos los rubros de gasto, vemos que desaparecieron los fideicomisos públicos, 69 mil millones de pesos; los órganos autónomos, 5 mil millones de pesos.
Sin considerar la elección judicial; el INE y los partidos cuestan 19 mil millones de pesos, que incluyen credencial electoral, capacitación, publicaciones, presencia en elecciones locales, pasajes, viáticos, nómina, spots para educación electoral, producción de materiales, asesoría en materia electoral, relaciones internacionales con otros órganos electorales, conferencias, fiscalización del gasto partidista, foros, resuelve procedimientos electorales especiales, garantiza paridad y derechos humanos en materia electoral, emite lineamientos para los partidos y las elecciones, en fin, un cúmulo de tareas especializadas que dotan de contenido a los procesos electorales y a la democracia.
Que la encuesta que Sheinbaum hará y que ya contestó arroje la molestia de los costos electorales, es debido a una tergiversación de la información. Gastamos cerca de 1% del PIB en el INE y los partidos políticos. Que si desaparecerá el INE y se centralizarán sus funciones en el Ejecutivo, no implica ahorro alguno. Que si se desaparecen diputados plurinominales para hacer más barato el costo del Congreso es otra falacia. Se busca eliminar la representación de las minorías, no ahorros sustantivos por 100 o 200 plazas.
Si los legisladores derrochan recursos hay que investigar la fuente de sus ingresos y no engañar con que tienen altos salarios. Un diputado gana 79 mil pesos más prestaciones de ley. Un Senador 131 mil pesos más prestaciones de ley. Por eso sus ingresos no justifican sus gastos, y en lugar de abrir carpetas de investigación Sheinbaum solo dice que no hay investigaciones, ni denuncias.
La reforma electoral que se plantea será unilateral, no tomará en cuenta la opinión de “los otros” se redactará por la comisión morenista, acabará con un Congreso plural, bajará transferencias a partidos políticos, acabará con el INE independiente y autónomo y su personal de carrera; suprimirá el acceso a medios de comunicación para propaganda política; y tendrá el manejo del Tribunal Electoral en caso de alguna controversia.
No es un problema de costos, ni de dispendios, es un tema de satanización de los partidos y las elecciones, es el camino a una dictadura con fachada electoral, para socavar derechos humanos fundamentales. Como decía AMLO: “lo bueno de esto es lo malo que se va a poner”.