La presidenta de la SCJN, una mujer valiente, capaz de brindar legalidad y certeza a los procesos judiciales, lanzó un mensaje sobre la protección y defensa del agua y del medio ambiente. Tema que compromete el futuro de la humanidad y que, por desgracia, nuestro gobierno no asume con seriedad. Se dirigió a las cortes supremas de justicia, a los tribunales constitucionales y a los órganos de vigilancia de las judicaturas federales, tras la convocatoria hecha por el ministro Antonio Herman Benjamín, presidente del Instituto Judicial del Ambiente, ante un tema prioritario cuya atención no puede esperar más. Se trata de la justicia hídrica. Señaló que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar la conservación y restauración del agua, de la diversidad biológica y de un medio ambiente sano ante la crisis hídrica mundial que se vive por el cambio climático, la contaminación, el uso indiscriminado del agua que pone en riesgo la vida y la justicia para actuales y futuras generaciones.
De nuevo recurro al análisis del Dr. Jaime del Río, que explica las ocho indicaciones de la ministra para que los juzgadores tengan una perspectiva de justicia hídrica al resolver controversias, con apego a los principios asumidos en la Declaración de Brasilia. Su primer criterio establece que por encima de cualquier interés privado o de otra índole que sea contrario al bien mayor, es decir a la naturaleza y los derechos colectivos a la conservación, saneamiento y restauración de los recursos hídricos, no debe prevalecer.
Indica que la función ecológica que la propiedad debe cumplir, imponiendo modalidades, el uso del suelo para defender los ecosistemas hídricos. Añade del Río que toda decisión o revisión judicial debe contar con toda la información que evite incertidumbre, y la carga de la prueba debe ser de elementos que atenten contra la justicia hídrica y climática. En las controversias judiciales como medidas precautorias, se deben establecer estándares de prueba estrictos, en caso de afectaciones de sistemas hídricos y ambientales.
Añade la ministra, debe prevalecer el principio in dubio pro aqua que favorezca el desarrollo del derecho ambiental. Las resoluciones deben ser a favor de la justicia hídrica y la protección de los ecosistemas. Asimismo, agrega que las decisiones judiciales deben considerar los efectos de la contaminación del agua, para determinar los costos de su saneamiento y conservación, como un acto de justicia colectiva e intergeneracional.
Observa del Río que es muy importante el criterio de contribuir a la protección social a favor de quienes no puedan pagar por el consumo doméstico, para que se les provea suficiente agua potable y servicios de saneamiento. Por último, hace énfasis en que toda decisión judicial debe enviar un mensaje claro a las comunidades indígenas y tribales, así como a los defensores ambientales. Así, en el ejercicio de su derecho a la información, a la participación pública y el acceso efectivo a la justicia hídrica, cuenten con las herramientas indispensables para proteger sus territorios, sus medios de vida y sus derechos fundamentales: vida digna y medio ambiente sano.
La ministra fue enfática en transmitir a los juzgadores que las sentencias judiciales deben convertirse en una fuerza disuasiva que evite daños ambientales futuros. Aseguró que para lograr sociedades incluyentes y sustentables es imperativa la justicia hídrica; evitar la destrucción de ecosistemas y de servicios ambientales, o seremos derrotados. Para impedir la derrota, Piña confió en que serán más los que no acepten la desigualdad en el acceso al agua y su saneamiento, pues no es un estado inevitable que el ambiente se degrade.
Concluyó, según cita el propio Dr. del Río, en que los juzgadores nunca renunciarán a la responsabilidad de conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los servicios ambientales que nos brinda, para las generaciones de hoy y de mañana.
Así, la SCJN asume el compromiso de exigir que se prevengan daños, se eviten riesgos de sistemas hídricos, la progresividad del derecho ambiental para proteger hidrosistemas. El enfoque de responsabilidad será estricto. Se debe vivir una vida digna en armonía con la naturaleza. No se aceptará la desigualdad en el acceso al agua y su saneamiento. Esta es una responsabilidad esencial para lograr una verdadera justicia ambiental, hídrica y climática.
Ante la violación sistemática del derecho ambiental que prevalece en el país, que permite una cada vez mayor degradación de la naturaleza, que socava el interés general por proyectos inviables y sin remediación, que no involucra a las comunidades en sus derechos a una vida sana, y que no cuenta con permisos y manifestaciones de impacto ambiental serios, el que el Poder Judicial busque imponer un orden mediante sus sentencias, informadas y acordes a los tratados internacionales, es una gran noticia.
Ejercer la autonomía del Poder Judicial en aras de la defensa los derechos colectivos, de éstas y las nuevas generaciones, es un reto para lograr incidir en conductas responsables con una cultura medioambiental, que no nos conduzca al suicidio y a una vida de deterioro no reversible.
El mensaje de la presidenta Norma Piña es de largo alcance, de compromiso con la justicia y de protección a nuestros derechos medioambientales, a enfrentar el cambio climático y la justicia hídrica protegiendo los servicios que alientan la vida de la naturaleza. No es un pronunciamiento menor, sin duda afectará intereses y se recibirán amenazas, pero la determinación de actuar con certeza, justicia y legalidad, en defensa de la propia Constitución y nuestros derechos humanos, es un mensaje refrescante en estos días de polarización.
Los ataques a la ministra Piña no son gratuitos. Tampoco son autoatentados. No son irrelevantes. Son un homenaje a quien guía la polarización de nuestro país, que la disfruta.