Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la responsabilidad histórica de preservar la democracia o permitir el autoritarismo, esa es su responsabilidad. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se presentarán ante la SCJN tras la aprobación y promulgación de las leyes del plan B. López dice que son solo aspectos administrativos para ahorrar porque las elecciones son costosas. Más costoso es perder la democracia. Cuesta su Tren Maya más de 300 mil millones, que son 20 años del presupuesto que ejercen los órganos electorales. ¿Qué decir del AIFA, elefante blanco que se echa a andar con base en decretos y mañas? Más de 85 mil millones de pesos, lo que da para seis años más de INE. U otras obras como la refinería del ‘agua’ que costará más de 17 mil millones de dólares, que da para más de 22 años de INE.
De qué sirven sus megaobras, y más concretamente de qué sirve la democracia. Los proyectos inviables costarán millones para poder operar, la refinería para importar petróleo si acaso logran que funcione, y el tren maya por los subsidios para poder viajar. El AIFA cuesta 23.4 millones al mes de subsidios. En cambio, la democracia es la que garantiza la dignidad de las personas y sus derechos humanos, cohesiona a la sociedad, legitima al gobierno, fomenta el desarrollo económico y social, impulsa la convivencia pacífica de las diferencias, logra la justicia y el Estado de derecho y contribuye a la paz mundial.
Por eso los ministros no pueden resolver la inconstitucionalidad del plan B como un asunto de pesos y centavos, no son cuentachiles. El Poder Judicial es garante de nuestro régimen constitucional. Esa función implica necesariamente evaluar la aplicación del plan B a la luz de los derechos humanos. Si al INE y al TEPJF se les restan funciones y atribuciones, serán cascarones que no podrán dirigir elecciones transparentes, equitativas, legales, con imparcialidad y autoridad moral.
El plan B obliga al INE al desaparecer sus oficinas distritales y el servicio profesional de carrera, e impide realizar elecciones confiables e imparciales, pues la sustitución por trabajadores eventuales, que además costarán por viáticos y pasajes más que los servidores actuales, no implicará que los elegidos sean capaces de seleccionar a funcionarios de casillas, capacitarlos, ver instalación de casilla, auxiliar al conteo de votos y a la proclamación de los resultados, sin sesgos partidistas. Esto se debe a que en la insaculación que Morena pretende de los consejeros del INE, le dará mayoría, pues tendrá más propuestas aprobadas por el Comité Técnico. Lo que implica una selección sesgada.
Al quitarle al INE la capacidad de emitir lineamientos y supervisar el proceso electoral, ya no podrá negarse a registrar candidaturas, aun cuando no cumplan la paridad, o los implicados sean violentadores de mujeres, y cuenten con condenas judiciales o administrativas, siempre que no sean penales. Los deudores alimentarios, que ni a sus hijos protegen, podrán ser nuestros representantes. El TEPJF ya no podrá intervenir cuando los partidos cambien sus estatutos, aun contraviniendo leyes electorales o constitucionales, pues se les quita la atribución. Las interpretaciones del TEPJF para candidaturas a gubernaturas o presidencias municipales, no existentes en ley, ya no podrán aplicarse. Tampoco la nulidad de elecciones podrá ser resuelta por el TEPJF, como las recientes por violencia política contra las mujeres, aunque se afecten los comicios. Se relaja el sistema de precampañas y rendición de cuentas, se permite a los servidores públicos intervenir en las campañas, sin restricciones.
Estas y muchas más violaciones afectan las elecciones y lesionan nuestros derechos humanos, son los temas que los ministros deben analizar. El tener elecciones confiables, que respeten la decisión de los electores, que garanticen sus derechos político-electorales, que son derechos humanos, son el fondo del problema. El gobierno quiere controlar el padrón electoral, el voto de los mexicanos en el exterior, falsear votantes y votos, para mantenerse en el gobierno, que ha rendido pésimos resultados en seguridad, economía, salud, educación, derechos de las mujeres, de los grupos vulnerables, que se alía con dictadores y desprecia a las democracias. Que saluda a los narcotraficantes, a la mamá del Chapo, que recibe financiamiento dudoso para campañas, pero no atiende a niños con cáncer, ni a feministas, ni a médicos, ni a gobernadores. El régimen autocrático ya llegó y quiere quedarse. Pese a la popularidad en las encuestas de AMLO, el gobierno prefiere controlar las elecciones, que saldrán más caras y no serán confiables.
Si los ministros no evalúan el contrapeso que la sociedad civil hace para proteger la democracia, como lo hizo el 13 de noviembre, y lo volverá a hacer el 26 de febrero, entonces no entenderán cuál es su responsabilidad histórica. De ellos 11 depende si México se divide y se confronta, sin arbitrajes, ni instancias de solución de controversias, o se respetan las instituciones que nos han dado seguridad y evitado conflictos poselectorales relevantes.
Los ministros tienen en sus manos la paz social o los enfrentamientos entre mexicanos que no están dispuestos a perder derechos y libertades. Resolver el tema, no es cuestión de costos, es de contar bien los votos, de reconocer resultados electorales que los ciudadanos elijan en libertad, sin presiones, sin censura, sin manipulación de casillas y votantes. Que sean resultado del debate de ideas, de la libertad de expresión, de la libre manifestación, de la libertad de prensa y de imprenta. México no está dispuesto a aceptar una regresión sin dar la lucha por las conquistas logradas en consenso frente a una ‘reforma’ impuesta desde el poder.
Ministros, no se equivoquen, ejerzan su autonomía a plenitud, cumplan con el respeto a la Constitución, garanticen derechos y libertades. No abonen al México violento, a una autocracia que se empodere más y más, a costa del pueblo mexicano. La violación constitucional y de tratados internacionales no puede quedar impune. Y los tribunales internacionales pueden emitir juicios sobre lo que suceda en México. Todos al Zócalo.