Crear instituciones por consenso es un ejercicio político complejo, delicado y que requiere dedicación y esfuerzo. Una demanda de la entonces oposición a los gobiernos priistas era que sacaran las manos de las elecciones y no fuese la Secretaría de Gobernación la responsable del proceso. Se creó así el Instituto Federal Electoral que empezó a funcionar con éxito, pero aún con críticas sobre el nombramiento de los consejeros.
Con el presidente Salinas, quien buscó acabar los conflictos poselectorales que tanto dañaban la convivencia, se modificaron de nuevo las leyes electorales. Surgió el INE. Se dio más autonomía al órgano electoral, se ciudadanizó y se estableció que los consejeros fuesen nombrados por votación de dos terceras partes del Pleno en la Cámara de Diputados. Esto implicó críticas de que los partidos seleccionaban a los consejeros, pero resultó un equilibrio que permitía un arbitraje más objetivo e imparcial, pues los propios jugadores seleccionaban al árbitro y, por tanto, aceptaban sus decisiones, apegadas a derecho.
Se creó también el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial, para que los conflictos no se resolvieran en la Cámara de Diputados como Colegio Electoral, entre dimes y diretes, sin pruebas y por mayoría de votos. La función se especializó, se juzga con base en pruebas y se interpretan las leyes y su aplicación en materia electoral, lo que dio certeza, pues sus fallos son inapelables. También se creó un nuevo padrón electoral más confiable y seguro, a fin de evitar votos duplicados, de procedencia incierta y otras fallas con una actualización permanente. Fue tan exitoso que hoy es una identificación oficial confiable que los ciudadanos portan voten o no.
Este camino recibió reconocimiento internacional. El cambio fue espectacular. Los ciudadanos son quienes fungen como funcionarios de casillas, cuentan bien los votos y son vecinos de la zona. Se les capacita y sin mediar pago, se encargan de la marcha del proceso electoral. Anomalías o protestas se pueden levantar en actas que los representantes de los partidos entregan a sus dirigencias, pero en general son hechos menores que no alteran los resultados.
El cambio sobre el financiamiento fue importante, no solo por usar recursos públicos, tema controvertido, sino porque se permiten aportaciones privadas, menores, pero que se deben reportar, ya que se parte del principio de que para evitar la intrusión del narco o de empresas, lo importante es vigilar el origen y el destino de los recursos. Este rubro adquirió tal importancia que su incumplimiento genera castigos severos como la pérdida del registro o la anulación de la elección. Aún no sabemos si los recursos que Pío López Obrador recaudó se reportaron y si su origen se apegaba a las reglas de aportaciones de la ley.
Morena no cubrió el requisito de reportar gastos de campaña de sus precandidatos, y aunque los presentó fuera de plazo, por montos modestos, el INE aplicó la pena correspondiente al invalidar los registros por falta de transparencia. Las presiones de Félix Salgado Macedonio han sido temerarias. AMLO critica al INE e incluso busca desaparecerlo, al igual que a los órganos estatales. La democracia no tiene precio. Insistir en que son caros, es absurdo, dada la compleja labor que realizan. Arman casillas, capacitan a los ciudadanos, vigilan los partidos y sus candidatos cumplan las leyes electorales, imponen barreras, y este año además de ser la elección más numerosa de la historia, es también la primera que aplicará castigos a la violencia política de género.
El INE siempre será criticado porque en el cumplimento de la aplicación de la ley, quien la infringe suele llamarse víctima y a elaborar teorías de conspiraciones o de falta de probidad de los Consejeros, que ellos mismos eligieron y que fueron los que declararon ganador a AMLO como presidente de la República.
Hay que apoyar al árbitro o no habrá un juego limpio y democrático. Somos los ciudadanos quienes damos curso al proceso electoral. Es nuestro el proceso. Las autoridades electorales nos organizan y orientan, pero son nuestras las elecciones. Como nuestra es la democracia. No es la panacea, y la lucha por el poder es implacable, pero hemos creado instituciones que generan confianza y que garantizan legalidad. La libertad no tiene precio. Y eso es lo que está en juego. No queremos conflictos postelectorales si pierde Morena posiciones. No queremos sesgos en el manejo de los resultados, Queremos un INE fortalecido. Ya los consejeros han resistido ataques y descalificaciones, les debemos respeto y solidaridad frente a amenazas. Actuar con verticalidad en momentos de quiebre requiere valentía y el INE nos ha dado una lección. Falta que el TEPJF, también presionado, busque veredictos acordes a derecho y esto permita certeza y convivencia armónica dentro de un Estado de derecho. Ese es el reto.