Entre vetos y protagonismos va enfilándose el “momento” del relevo de algunos miembros del Consejo General del órgano electoral. Sorprende y alarma que se objete a los aspirantes con cargo al parentesco, postura contraria a toda idea constitucional y republicana. No hay heroísmo en vetos de esta naturaleza, y sí mucha arbitrariedad.
Desconcierta el “bulo” de que el INE ya no podrá llegar a acuerdos por consenso; se trata de una inexactitud, una más de las falsedades acuñadas por el gobierno y su partido, como la afirmación del fraude en el proceso electoral de 2018.
Mal, muy mal, que la sospecha y el atropello se apoderen de prácticamente todas nuestras deliberaciones. Que se usufructúen sospechas para hacer avanzar posturas, eso sí, siempre emanadas de una sociedad civil cada día más fantasmal. Una dictadura emergida de esta sociedad civil, ahora modulada por la exigencia feminista, parece estar en la sala de espera; habrá que ver hasta dónde puede llegar esta interpelación, como gustaba decir el filósofo argentino Ernesto Laclau.
Frente a la crisis del sistema de representación de nuestra democracia, concentrado en el desplome del sistema de partidos existente, lo único que nos queda es la crítica y la aspiración de una taxonomía que nos guíe a través de la manigua en que ha devenido el orden político forjado en la transición a la democracia. En tanto, uno de los aspectos más contenciosos de las nuevas realidades de la política es su conversión en república del litigio.
De repente, todos somos abogados, expertos en derecho electoral cuando no en derecho constitucional. Todo queda sujeto a la resolución de los tribunales o de la Suprema Corte. A diestra y siniestra deturpamos jueces y ministerios públicos, pero en los hechos otorgamos poder desmedido a jueces, abogados, magistrados y ministros.
La idea del Parlamento como contexto privilegiado para la construcción de consensos se hace a un lado, precisamente cuando resulta más necesario para debatir nuestros problemas nacionales, que no son pocos.
Los lugareños se levantan en armas contra los delincuentes, escalando así las violencias; demandan atención condensada en bienes públicos que solo el Estado puede ofrecer. El riesgo no es menor, de desbordarse el litigio, serán los habitantes de esos mismos pueblos quienes paguen los costos.
Mientras el gobierno, el Estado en su conjunto, siga recreándose en sus invenciones, como esa de ‘abrazos, no balazos’, la situación político-social de vastas regiones seguirá desplegándose en situaciones que lindarán con la tragedia humana. No alcanzo a entender, menos a asumir, la postura casi generalizada de los gobiernos estatales que confunden la necesaria pulcritud del Estado con negligencias y desafanes.
Lo triste y más es que estos panoramas sigan teniendo como locación a los pueblos guerrerenses… tierra agreste de levantamientos justicieros.